Equipos informáticos que no cumplían con lo comprado y más de 100 armas faltantes: investigan a policías en San Juan

Dos investigaciones que involucran a la Policía de San Juan avanzan tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. Una está relacionada con la compra de equipamiento informático por $90 millones, realizada en 2023, cuyos elementos hallados no coincidían con las características solicitadas. La otra apunta al faltante de más de cien armas de fuego en la División Armamento.

El subsecretario de Control de Gestión de la Policía, Damián Villavicencio, brindó detalles sobre ambos expedientes en diálogo con Radio Sarmiento y confirmó que ya se iniciaron los correspondientes sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades dentro de la fuerza.

En el caso de las computadoras, la investigación se originó a partir de una compra realizada en mayo de 2023, que contemplaba la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets por un total de $90 millones, con fondos nacionales destinados al fortalecimiento tecnológico.

Según explicó Villavicencio, cuando asumió la actual gestión provincial se detectó que los bienes figuraban incorporados al patrimonio policial, aunque nunca habían llegado a los destinos establecidos. Además, el expediente de compra estaba cerrado y el pago ya se había concretado.

Tras poner la situación en conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), el proveedor informó que los equipos se encontraban en un galpón. Sin embargo, las pericias realizadas determinaron que los elementos hallados no eran los que se habían adquirido, ya que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.

Tres policías bajo investigación administrativa

Por este expediente fueron imputados tres integrantes de la fuerza: Valverde, González y el comisario mayor Santoni, quien se encuentra retirado desde fines del año pasado. Los tres formaban parte de la junta responsable de recibir el equipamiento.

La Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario administrativo para establecer si existieron faltas disciplinarias. Mientras tanto, Valverde y González fueron reubicados dentro de la institución y continúan prestando servicio.

De acuerdo con Villavicencio, se espera que los tres sean citados a declarar en una o dos semanas, una vez que estén disponibles los informes y dictámenes legales necesarios. El procedimiento también podría alcanzar a otros efectivos que hayan intervenido en la tramitación de la compra.

Las sanciones previstas, en caso de comprobarse responsabilidades, van desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración. El funcionario consideró que, de confirmarse las irregularidades, podría corresponder una de las medidas disciplinarias más severas.

Consultado sobre el posible conocimiento de las irregularidades por parte de las autoridades que estaban al frente de la Policía y de la Secretaría de Seguridad en aquel momento, Villavicencio señaló que ese aspecto deberá surgir de la investigación. No descartó que puedan ser convocados como testigos, aunque aclaró que no están vinculados formalmente a la causa.

Investigan el faltante de más de cien armas

El segundo expediente se inició después de que un relevamiento en la División Armamento detectara la desaparición de una cantidad importante de armas de fuego. La situación fue denunciada por la jefatura ante la UFI de Delitos Especiales y también dio lugar a un sumario administrativo.

Villavicencio estimó que el faltante sería de “un poco más de cien” armas, aunque remarcó que la cantidad definitiva todavía debe establecerse en el marco de la investigación.

Las armas pertenecen a un lote de 500 unidades adquirido por la Policía en agosto de 2022. Por el momento, tampoco se determinó el valor económico del faltante, ya que será necesario establecer el precio correspondiente a la fecha de compra o realizar la actualización pertinente.

En el ámbito administrativo, el sumario se inició contra personal policial a determinar. Para avanzar con las actuaciones, se remitió a la Justicia la nómina de los efectivos que pasaron por esa división desde la adquisición del armamento, una lista que comprende entre 25 y 30 policías.

A partir de la información reunida, se buscará establecer quiénes tuvieron intervención y si existieron responsabilidades individuales en la desaparición de las armas.

Ambas investigaciones continúan abiertas y las responsabilidades deberán determinarse a partir de las pruebas incorporadas a cada expediente. Los efectivos mencionados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme.