Luego de semanas de tensión entre empresas mineras por el uso de la línea eléctrica San Juan–Rodeo, el Gobierno provincial y el proyecto Vicuña avanzan en un acuerdo clave para destrabar el conflicto y garantizar el desarrollo del sector.
Según fuentes oficiales, la propuesta en discusión establece que, si bien Vicuña podrá utilizar la energía necesaria para su operación, el excedente de capacidad será administrado por la provincia. De esta manera, el Estado sanjuanino tendría la potestad de definir qué otras empresas podrán conectarse al sistema, evitando que esa decisión quede en manos de un actor privado.
El entendimiento sería presentado en la audiencia pública que debe convocar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), prevista para fines de abril o principios de mayo.
El conflicto se originó a partir de una resolución del ENRE que otorgaba al proyecto Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente de la línea de alta tensión, lo que generó un fuerte rechazo de distintos sectores. Entre ellos, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), municipios como Iglesia y Jáchal, otras empresas mineras —como Los Azules, Casposo y Hualilán— e incluso la provincia de La Rioja.
Las objeciones apuntaron a que el esquema planteado limitaba el acceso a un recurso estratégico y podía afectar el desarrollo de otros proyectos productivos, además de comprometer futuras interconexiones regionales.
En este contexto, el nuevo acuerdo en negociación busca equilibrar intereses: garantizar el suministro energético que necesita Vicuña para avanzar con su proyecto —que incluye iniciativas como Josemaría y Filo del Sol— y, al mismo tiempo, preservar el carácter público y estratégico de la infraestructura.
El acceso a la energía es un factor clave para la expansión minera en San Juan. Actualmente, el sistema eléctrico provincial opera al límite de su capacidad, con un consumo cercano a los 480 MW provenientes de la línea de 500 kV que llega desde Mendoza. Solo el proyecto Vicuña demandará unos 260 MW en su primera etapa.
Para cubrir esa necesidad, la empresa planea invertir en la ampliación de la infraestructura existente, incluyendo la transformación de la línea San Juan–Rodeo y nuevos tendidos eléctricos hacia la zona de Iglesia.
Con las oposiciones ya formalizadas, resta que el ENRE defina la fecha de la audiencia pública, instancia en la que se pondrá a consideración el acuerdo y se escucharán las distintas posturas antes de una resolución final.
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