El Gobierno invertirá más de $5.500 millones en salud y traslados para el Penal de Chimbas

El Gobierno de San Juan puso en marcha una importante licitación pública destinada a la adquisición de nuevas movilidades y a la contratación del servicio de atención médica integral para las personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El proceso licitatorio contempla un presupuesto oficial total de $5.584.668.768 y cubrirá un período de tres años, extendiéndose desde junio próximo hasta el mismo mes de 2029.

Según los pliegos de bases y condiciones, el esquema financiero está dividido en cuatro etapas. Para el segundo semestre de este año se destinarán $94.236.478 a la compra de vehículos operativos para la institución, mientras que $991.671.338 se orientarán a garantizar la cobertura médica. De esta manera, el desembolso inicial para lo que resta de la temporada alcanzará los $1.085.907.816.

La planificación económica para los años subsiguientes ya se encuentra fijada en el presupuesto oficial. Tanto para el período correspondiente al año próximo como para el año 2028 se asignó una partida idéntica de $1.861.556.256 por cada doce meses. Finalmente, para el tramo de cierre que comprende el primer semestre de 2029, la inversión estipulada será de $775.648.440.

Las autoridades fundamentaron la urgencia del llamado al explicar que el contrato vigente de asistencia médica se encuentra próximo a expirar. El objetivo central de la nueva contratación es optimizar la calidad de la atención dentro del complejo penitenciario, lo que a su vez permitirá disminuir de manera drástica los traslados de internos hacia centros de salud externos, reduciendo los riesgos operativos de seguridad.

La iniciativa se respalda además en el marco legal vigente, citando el artículo 143° de la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Dicha normativa establece que los internos tienen derecho garantizado a la salud y a recibir asistencia médica integral de forma oportuna, sin que se pueda interferir en su acceso a consultas o a los tratamientos específicos que les sean prescritos.