Docentes universitarios recibirán un aumento del 24% mientras persiste la disputa judicial por financiamiento
El Gobierno y las universidades públicas acordaron una suba salarial escalonada para el sector docente, pero los rectores confirmaron que no retirarán la demanda judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.
Después de semanas de negociaciones, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo que contempla un aumento del 24% en los salarios de los docentes universitarios. La suba se aplicará en dos tramos: 21,33% a partir de junio y un 3% adicional en octubre. Además, las partes acordaron reabrir las paritarias cada tres meses para ajustar los sueldos según la evolución de la inflación.
El pacto incluye también un refuerzo presupuestario para el sistema universitario. Se destinarán $50.000 millones adicionales a hospitales universitarios, que se suman a los $80.000 millones ya previstos. Por otro lado, los gastos de funcionamiento de las universidades aumentarán un 20% y las becas Manuel Belgrano, congeladas desde 2024, recibirán un ajuste del 50%. En total, el Ministerio de Economía aprobó una partida cercana a los $800.000 millones para financiar estas medidas.
Las conversaciones estuvieron lideradas por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, por el lado del Gobierno, y por Franco Bartolacci y Anselmo Torres, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), respectivamente.
Uno de los temas más conflictivos fue la solicitud del Ejecutivo de que las universidades desistieran de la demanda judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores rechazaron la condición y confirmaron que mantendrán la acción legal, aunque informarán a la Justicia sobre el acuerdo alcanzado para mostrar avances en la negociación.
El conflicto ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá definir la resolución tras la suspensión de la medida cautelar que favorecía a las universidades. Mientras tanto, estudiantes y gremios continúan con acciones públicas para visibilizar el reclamo, incluyendo clases abiertas frente a la Corte Suprema.
En provincias como San Juan, donde la universidad local tiene un papel estratégico en la formación profesional e investigación, el acuerdo genera expectativa, ya que impactará en los salarios, la continuidad de proyectos científicos y el funcionamiento académico.
Aunque el entendimiento representa un paso adelante en el diálogo, el futuro del sistema universitario dependerá tanto del contexto económico como de la decisión judicial en los próximos meses.
Rivero. C
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