Crisis hídrica: especialistas proponen cambiar las leyes que regulan el agua en San Juan

La crisis hídrica y los efectos del cambio climático volvieron a poner bajo la lupa el marco legal que regula el uso del agua en San Juan. Un informe elaborado por los especialistas Federico Sanna Baroli y Maximiliano Battistella, para el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Agua en Árido y Semiárido (CIGIAA), plantea una reforma integral de las normas que organizan la administración del recurso.

El trabajo, titulado “El fin de los dogmas”, cuestiona especialmente la vigencia de la Ley de Hidráulica 13-A, sancionada en 1942, y del Código de Aguas 190-L, aprobado en 1978. Según los autores, ambas normas quedaron desactualizadas frente a las nuevas necesidades productivas, ambientales y sociales de la provincia.

El informe propone 15 lineamientos de reforma destinados a modificar la estructura institucional, agilizar la distribución del agua y adaptar la gestión a un escenario de mayor escasez.

Un sistema que quedó atrapado en el pasado

Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento del Departamento de Hidráulica. El informe advierte que la eliminación, en 2015, del acuerdo legislativo necesario para designar a su director debilitó la estabilidad institucional del organismo.

Desde entonces, sostiene el estudio, la conducción quedó más expuesta a los cambios políticos. Como ejemplo, señala que el Departamento de Hidráulica tuvo siete directores en los últimos cinco años.

También cuestiona el funcionamiento del Consejo de Hidráulica, cuya composición actual considera demasiado limitada para abordar la complejidad del sistema. La representación está repartida entre tres regantes agrícolas y tres representantes oficiales, dejando afuera a sectores como el agua potable, la industria, la minería y las organizaciones comunitarias.

Para los especialistas, esa estructura favorece el bloqueo de decisiones en lugar de generar acuerdos sobre la distribución del recurso.

Mayor autonomía para los usuarios

Otro de los ejes de la propuesta está relacionado con las Juntas Departamentales y las Comisiones de Regantes. El informe sostiene que estos organismos tienen una autonomía insuficiente y dependen de la estructura estatal para llevar adelante tareas básicas.

Los autores proponen avanzar hacia organizaciones de usuarios con personería jurídica, presupuesto propio y capacidad operativa, de manera que puedan resolver con mayor rapidez trabajos como la limpieza y mantenimiento de canales.

La denominada “monda” aparece como uno de los ejemplos de las dificultades actuales. Según el estudio, los procedimientos administrativos centralizados pueden demorar tareas que deberían ejecutarse con rapidez para garantizar el funcionamiento de la red de riego.

El informe también cuestiona el sistema de representación basado en la cantidad de hectáreas, al considerar que genera desigualdades en la participación y puede entrar en tensión con derechos constitucionales.

Un Código de Aguas que necesita actualización

Los especialistas también ponen el foco en el Código de Aguas de 1978. Según el informe, la normativa no contempla adecuadamente herramientas que hoy resultan centrales para la gestión del recurso, como la planificación hidrológica, el reúso de efluentes, los caudales ecológicos y la protección de los acuíferos.

Uno de los artículos señalados como particularmente problemáticos es el 127, que restringe la posibilidad de establecer coeficientes diferenciales dentro de una misma cuenca.

Para los autores, esa disposición impide adaptar la distribución del agua a las características de cada cultivo, suelo y zona productiva. Como consecuencia, plantean que sectores de departamentos como Pocito y Calingasta quedan sujetos a decisiones discrecionales para obtener determinadas entregas de agua durante el invierno.

Las 15 reformas que propone el informe

Entre los principales cambios planteados aparecen:

• Crear una autoridad hídrica estatal autárquica para la administración primaria del recurso.
• Otorgar a los organismos de usuarios la administración secundaria, con autonomía jurídica y presupuestaria.
• Implementar una planificación hidrológica plurianual y participativa.
• Establecer balances hídricos anuales que sean presentados ante la Legislatura.
• Reformular el Consejo de Hidráulica para ampliar la representación de los distintos sectores.
• Incorporar a usuarios, comunidades indígenas y actores productivos y ambientales en las decisiones.
• Derogar o modificar el artículo 127 para permitir coeficientes de riego adaptados a las condiciones de cada zona.
• Incorporar caudales ecológicos y áreas de protección de acuíferos.
• Actualizar la normativa para contemplar el reúso de efluentes y nuevas herramientas de gestión.

El objetivo general es pasar de un sistema considerado rígido y centralizado a un modelo con mayor capacidad de adaptación, participación y autonomía.

Agua, producción y cambio climático

El informe sostiene que la discusión no puede limitarse a modificar artículos de leyes antiguas, sino que requiere redefinir la forma en que San Juan administra un recurso cada vez más estratégico.

Los especialistas plantean que la provincia necesita compatibilizar el derecho humano al agua, la protección ambiental y las necesidades de la producción, sin quedar atada a normas diseñadas para una realidad hídrica y productiva muy diferente.

En ese sentido, la propuesta del CIGIAA busca abrir un debate sobre la gobernanza del agua y generar nuevos consensos que permitan tomar decisiones con mayor previsibilidad frente a un escenario marcado por la escasez y el cambio climático.