Crece el escándalo por presunta estafa: 20 denuncias contra una concesionaria de motos en menos de 24 horas

La causa por la presunta estafa vinculada a la venta y entrega de motocicletas en una concesionaria de Capital sumó en pocas horas una cifra alarmante: 20 personas denunciaron haber sido engañadas por la firma Branka Motors en menos de un día. Las presentaciones formales se realizaron ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya inició la investigación del caso.

El fiscal Guillermo Heredia, a cargo del expediente, confirmó que las denuncias comenzaron a recibirse ayer después del mediodía, acompañadas de contratos y documentación respaldatoria. Además, señaló que este martes por la mañana continuaban llegando damnificados a Tribunales, lo que refuerza la hipótesis de que el número real de afectados sería considerablemente mayor.

Si bien los casos presentan distintas particularidades, la mayoría coincide en un mismo reclamo: el incumplimiento de los plazos de entrega de las motos, que habrían sido ampliamente superados respecto de lo estipulado en los contratos de compra-venta. Desde la Fiscalía aclararon que, por el momento, no hay personas detenidas, aunque no se descartan nuevas medidas en el avance de la investigación.

La situación tomó mayor notoriedad pública luego de que los reclamos virtuales escalaran a una protesta frente al local ubicado en Avenida Rioja y 25 de Mayo. Allí, un grupo de manifestantes protagonizó un violento episodio que terminó con la agresión a un empleado de la concesionaria que intentó dialogar con los clientes.

En paralelo, la causa quedó envuelta en un episodio llamativo ocurrido el viernes pasado, cuando un hombre de apellido Díaz, de 48 años, fue aprehendido tras ser denunciado por el encargado del comercio por el presunto intento de robo de una motocicleta. El sujeto exhibió un contrato de compra de un rodado similar y aseguró que, ante la falta de respuesta del local, decidió llevárselo por sus propios medios.

Ese hecho derivó en una imputación por hurto simple en grado de tentativa y se resolvió mediante la suspensión del juicio a prueba por un año, con la imposición de tareas comunitarias, una reparación simbólica y el cumplimiento de pautas de conducta.

Mientras tanto, la Justicia continúa recibiendo denuncias y analizando la documentación aportada, en una causa que amenaza con crecer y profundizar el escándalo alrededor de la concesionaria.