Corte de Justicia de San Juan impulsa cinco nuevos cargos para descomprimir Familia y el interior

El máximo tribunal, presidido por Adriana García Nieto, envió a la Legislatura dos proyectos de ley para crear jueces en el fuero de Familia, un Juzgado de Paz en Caucete, un magistrado en Jáchal y una asesoría oficial. Apuntan a aliviar fueros con fuerte sobrecarga de expedientes.

En acuerdo plenario, la Corte de Justicia de San Juan resolvió ejercer su facultad de iniciativa legislativa y remitió a la Cámara de Diputados dos proyectos para la creación de cinco cargos de magistrados. La decisión busca reforzar áreas críticas del sistema judicial, especialmente el fuero de Familia, que concentra el mayor volumen de causas.

La propuesta contempla dos nuevos jueces de Familia y un juez de Paz para Caucete. Además, se incluye la creación de un juez y un asesor oficial en la Segunda Circunscripción Judicial —que abarca Iglesia y Jáchal, con sede en este último departamento—.

Familia, el fuero más tensionado

Según estadísticas oficiales incorporadas en la fundamentación, desde 2024 ingresaron 10.394 nuevas causas al fuero de Familia, lo que eleva el total a 37 mil procesos activos que actualmente deben resolver cuatro magistrados, bajo el esquema de Gestión Asociada y Oficina Judicial.

En comparación, durante 2024 el fuero Laboral recibió 2.099 expedientes, atendidos por seis jueces de primera instancia. La diferencia fue expuesta por fuentes judiciales para dimensionar la presión que atraviesa Familia.

En los argumentos se advierte que el fuero presenta “un nivel de presión constante hacia una mayor litigiosidad”, con conflictos de violencia intrafamiliar que ingresan de manera directa o por derivación de dispositivos municipales y de la UFI CAVIG, además de procesos tutelares por adicciones, restricciones de capacidad, adopciones y causas civiles vinculadas a filiación, divorcios, parentalidad y cuidados personales.

El máximo tribunal remarcó que, bajo el antiguo sistema de juzgados unipersonales, la solución no solo implicaría designar más jueces, sino también incorporar alrededor de 30 cargos entre secretarios y personal de apoyo, junto con infraestructura y equipamiento. En cambio, con el modelo de Gestión Asociada, sostienen que alcanza con fortalecer la capacidad decisoria mediante la incorporación de magistrados que articulen con la Oficina Judicial.

Caucete, con cifras “en crisis”

El proyecto también prevé un nuevo juez de Paz para Caucete. Allí, desde 2024 se registraron 10.607 causas nuevas, integrando un total de 51.028 expedientes activos en los últimos cinco años.

El Juzgado, actualmente a cargo de Luciana Salvá, es multifuero: interviene en contravenciones de tránsito, familia, violencia familiar, ejecutivos y sucesorios, entre otros procesos. En la fundamentación se advierte que la situación “se encuentra virtualmente en crisis” por la congestión y la creciente demanda en casos de orden público y violencia.

Como parámetro comparativo, se citó el Juzgado de Paz de Pocito, que cuenta con dos magistrados —Felipe Moya y Laura Assandri— y que recibió 8.668 causas desde 2024, con un total de 40.140 activas en cinco años, cifras inferiores a las de Caucete.

Refuerzo para Jáchal y asesoría de menores

En la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal, hoy se desempeñan dos jueces —Eduardo Vega y Daniel Castro— que alternan turnos para atender materias penal, civil, laboral, contencioso administrativo y de familia. La Corte sostiene que la sobrecarga impide una especialización adecuada y plantea sumar un tercer magistrado para redistribuir competencias y mejorar la calidad de las decisiones.

El paquete de iniciativas se completa con la creación de un cargo de asesor Oficial de Menores para esa circunscripción, a pedido del fiscal General Guillermo Baigorrí. Actualmente, solo una asesora, Cintia Aballay, interviene ante la Unidad Fiscal del Norte, el sistema penal juvenil, la Oficina Judicial Multifuero y los Juzgados de Paz de Jáchal e Iglesia, con superposición de audiencias y dificultades de agenda.

Antecedentes y contexto político

Según trascendió, la Corte había dictado en agosto del año pasado la acordada para ejercer su facultad de iniciativa legislativa, aunque el envío del proyecto se demoró por el calendario electoral nacional. La semana pasada finalmente ingresó a la Legislatura.

La creación de cargos implica recursos presupuestarios que debe asignar el Ejecutivo al Poder Judicial. En septiembre de 2024, el tribunal había impulsado un proyecto para crear 80 cargos destinados a reforzar el sistema acusatorio, pero la iniciativa no fue tratada y perdió estado parlamentario.

Ahora, con contactos previos entre la Corte y el Gobierno provincial, el máximo tribunal apuesta a que esta vez el refuerzo de magistrados avance para aliviar los fueros más congestionados y sostener el nivel del servicio de justicia en áreas de alta sensibilidad social.

Op: Juan Llarena

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