Ciberdelitos en Pocito: la Fiscalía solicita 6 años de cárcel efectiva para el jubilado imputado

Tras finalizar la investigación penal preparatoria por distribución de material de explotación sexual infantil, la causa contra Daniel Ramón Pino quedó a un paso del juicio oral.

Este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia judicial contra Daniel Ramón Pino, un jubilado de 71 años residente del departamento de Pocito. Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal dio por concluida la etapa de investigación penal preparatoria, al considerar que cuenta con las pruebas necesarias para llevar al imputado a un juicio oral y público.

El caso tomó relevancia internacional ya que la investigación se originó a raíz de tres alertas emitidas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización con sede en Estados Unidos que centraliza y reporta delitos virtuales contra menores a nivel global.

Según los informes presentados, los hechos bajo la lupa ocurrieron entre los años 2021 y 2025. Las alarmas del organismo internacional se encendieron ante el presunto intercambio de videos con contenido de explotación sexual infantil, lo que derivó en que la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Buenos Aires derivara las actuaciones a la justicia de San Juan para rastrear el origen de las conexiones.

Las tareas de inteligencia tecnológica fueron clave para cercar al sospechoso. La acusación logró vincular directamente a Pino mediante el rastreo de direcciones IP, cuentas de correo electrónico y líneas telefónicas que habrían sido utilizadas de forma activa para solicitar y difundir este tipo de material ilícito dentro de diversos grupos de mensajería.

Durante los procedimientos policiales en el domicilio del acusado, los efectivos secuestraron computadoras y teléfonos celulares. Las pericias tecnológicas sobre estos dispositivos arrojaron el hallazgo de una gran cantidad de archivos prohibidos, confirmándose además que las víctimas de los videos e imágenes analizadas corresponden efectivamente a menores de edad.

Ante la contundencia de los elementos recabados, la ayudante fiscal Milena Berbari ratificó el pedido de una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, fundamentada en la gravedad de los delitos y en los parámetros de la escala penal vigente.

Finalmente, la audiencia entró en un cuarto intermedio hasta el próximo martes debido a una serie de planteos técnicos y formales presentados por la defensa del jubilado. La decisión final sobre la elevación de la causa a juicio oral quedará en manos del juez Javier Figuerola.

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