CAUSA SALVALAGGIO: LA FISCALÍA RATIFICÓ EL RECHAZO A LA PROBATION PARA MARIANO TOMSIG Y EL CASO APUNTA AL JUICIO ORAL
El fiscal coordinador Alberto Martínez respaldó la postura de la fiscal Daniela Pringles, negando la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del imputado. La propuesta rechazada incluía una reparación económica de $3 millones y tareas comunitarias, debido a la gravedad de la agresión sufrida por el empresario.
La investigación por la violenta golpiza que sufrió el empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio registró un nuevo avance judicial luego de que la Fiscalía ratificara la negativa a otorgar el beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba) a uno de los principales imputados, Mariano Tomsig.
El pedido había sido planteado por la defensa de Tomsig —señalado como presunto autor intelectual del ataque—, ofreciendo una reparación económica de 3 millones de pesos, la realización de tareas comunitarias y el cumplimiento de reglas de conducta para evitar el debate oral. Sin embargo, la fiscal Daniela Pringles se opuso firmemente al considerar que la magnitud y la gravedad de la agresión justificaban que la responsabilidad de los acusados sea discutida en un juicio público.
Esta postura fue respaldada oficialmente por el fiscal coordinador Alberto Martínez, dejando sin efecto la posibilidad de resolver el conflicto penal mediante esta vía alternativa en el ámbito fiscal.
Instancias de apelación y panorama procesal
Pese a la resolución, la defensa legal de los imputados aún cuenta con herramientas procesales para insistir con el planteo. Según se informó, el expediente podrá ser elevado para su revisión ante el juez de Garantías Diego Sanz. En caso de un nuevo revés, los abogados podrán recurrir al Tribunal de Impugnación y a la Sala de Casación.
Por el momento, tanto Mariano Tomsig como el otro involucrado, Martín Quiroga Massa, continúan formalmente imputados en la causa y, de no prosperar los recursos presentados por la defensa, se encaminan a enfrentar un juicio oral y público para determinar sus responsabilidades penales.
POR LIC. EUGENIA VILA
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