Causa Branka Motors: dictan preventiva por dos meses y traban embargo sobre los imputados

La Justicia de San Juan resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para los tres principales acusados en la causa conocida como “Branka Motors”. La medida alcanza a Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría, imputados como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Carolina Parra, quien sostuvo que existen elementos suficientes para tener por configurado el delito y que persiste riesgo procesal. Además, otorgó al Ministerio Público Fiscal un plazo de un año para llevar adelante la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, la magistrada entendió que los acusados habrían desplegado una maniobra destinada a aparentar solvencia económica y generar confianza en potenciales clientes con el objetivo de captar dinero mediante engaños. También advirtió que, en caso de recaer condena, esta sería de cumplimiento efectivo. La causa contempla 348 hechos en concurso real y una expectativa de pena que podría alcanzar hasta seis años de prisión.

Junto con la preventiva, la jueza dispuso la inhibición general de bienes y el embargo sobre el patrimonio de los imputados.

La operatoria bajo análisis

Según la Fiscalía, la firma operó entre julio de 2025 y enero de 2026 en un local de avenida Rioja, en Capital. La hipótesis acusatoria sostiene que no se trató de meros incumplimientos contractuales, sino de un esquema planificado para inducir al error a los clientes.

Entre las modalidades detectadas figuran:

• Ventas al contado con promesa de entrega de motocicletas en siete días, plazo que luego se prorrogaba sin fecha cierta.

• Planes de financiación con supuestas adjudicaciones tempranas.

• Cláusulas que habilitaban la retención parcial del dinero ante cancelaciones.

Los fiscales describieron una lógica similar a un sistema tipo Ponzi: el dinero de nuevos clientes se habría utilizado para cubrir compromisos previos, sin una actividad comercial genuina que respaldara las operaciones. Informes de plataformas de pago y entidades financieras incorporados a la causa indicarían que los fondos ingresaban directamente a cuentas personales de los acusados, lo que evidenciaría una presunta confusión entre el patrimonio empresarial y el particular.

El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado seis meses de prisión preventiva y un año de investigación. En su exposición calificó el esquema como una maniobra montada sin experiencia comercial previa y con la promesa de entrega de motocicletas como señuelo.

Los abogados querellantes —entre ellos Mario Padilla, Juan Sait, Fabiana Salinas, Filomena Noriega y Ester Iragorre— acompañaron el planteo fiscal en representación de parte de los 348 denunciantes.

Una de las letradas explicó que muchas operaciones se concretaban bajo la promesa de entrega en siete días, por montos que rondaban los 13 millones de pesos por motocicleta. Relató, además, el caso de un cliente que tomó un préstamo por 18 millones de pesos para concretar la compra y que continúa afrontando el crédito sin haber recibido el rodado.

Según señalaron, en algunos casos la empresa habría devuelto dinero a quienes reclamaban con mayor insistencia, hasta que el esquema dejó de sostenerse. También se mencionó la existencia de otra firma vinculada, “Triax Motors”, que —de acuerdo a los denunciantes— operaría bajo la misma modalidad y con los mismos responsables.

Otro punto que llamó la atención en la investigación fue la diferencia entre los valores de compra y reventa de motocicletas. Proveedores indicaron que los rodados eran adquiridos a determinados precios y luego ofrecidos al público a valores inferiores, lo que generaba dudas sobre la viabilidad comercial del negocio.

La causa ya acumula cientos de presentaciones y mantiene en expectativa a decenas de familias que aseguran haber sido perjudicadas. Con la preventiva dictada y el embargo de bienes en curso, el expediente ingresa ahora en una etapa clave: la Fiscalía profundizará la pesquisa para determinar si se trató de un fraude masivo o de una sucesión de incumplimientos contractuales.