Avanza la causa por insolvencia fraudulenta contra los dueños del departamento donde murieron tres jóvenes en Capital

La Fiscalía acusa a José Oscar Muñoz y Teresa Scalise de vender inmuebles y donar bienes a sus hijos para eludir el pago de una indemnización millonaria a las familias de las víctimas.

Un nuevo capítulo judicial se abrió en la causa por la tragedia ocurrida en agosto de 2023, cuando tres jóvenes perdieron la vida por intoxicación con monóxido de carbono en un departamento de Concepción. El fiscal Atilio Yanardi, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, solicitó formalizar una investigación contra el propietario del inmueble, José Oscar Muñoz, y Teresa Elizabeth Scalise por el presunto delito de insolvencia fraudulenta.

El pedido recayó en el juez Alberto Caballero, el mismo magistrado que intervino en la causa principal. Tras escuchar las exposiciones de las partes, el magistrado resolvió un cuarto intermedio y fijó para este martes la decisión sobre la continuidad del trámite.

Según la hipótesis fiscal, la pareja concretó movimientos patrimoniales estratégicos durante 2025 con el objetivo de frustrar o dificultar el cobro del resarcimiento económico fijado por la Justicia para los familiares de las víctimas:

  • 16 de abril de 2025: Vendieron una propiedad por la suma de $176.000.000 a Carlos Albano Reinuaba y Lorena Saladino Mora.

  • 23 de junio de 2025: Transfirieron mediante donación a favor de sus hijos un inmueble situado en calle Esteban Echeverría 460 Norte, Capital.

Estas operaciones encuadran provisoriamente en la figura de insolvencia fraudulenta (art. 179, segundo párrafo, en función del art. 45 del Código Penal). En la causa interviene el abogado querellante Eduardo Sait —en representación de la familia Otárola—, mientras que la defensa de los imputados está en manos de Andrés Bertagna.

Cabe recordar que el 10 de abril de 2024, Muñoz y Scalise ya habían sido condenados en juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación por homicidio culposo agravado. La presente investigación determinará si las maniobras patrimoniales posteriores constituyen un delito penado para eludir sus responsabilidades económicas.

Los comentarios están cerrados.