Autopsia clave en Santa Lucía: confirman que la jubilada hallada en su casa fue asesinada y los detenidos van a juicio por robo seguido de muerte
Los estudios histopatológicos revelaron que Ángela Berta Álvarez (81) murió por asfixia mecánica. La carátula cambió de hurto simple a robo seguido de muerte para los cuatro imputados, a quienes la Justicia les dictó un año de prisión preventiva.
La causa por el fallecimiento de Ángela Berta “Lita” Álvarez, la jubilada encontrada sin vida en su domicilio de Santa Lucía mientras delincuentes desvalijaban la propiedad, dio un giro de 180 grados. Las pericias científicas confirmaron que se trató de un homicidio y la Fiscalía agravó de manera drástica la imputación contra los cuatro sospechosos.
De muerte natural a homicidio
En el inicio de la investigación, el avanzado estado de descomposición del cuerpo impedía advertir lesiones a simple vista, por lo que el caso se investigó inicialmente bajo la hipótesis de un deceso por causas naturales y una calificación leve por hurto simple.
Sin embargo, los estudios histopatológicos determinaron que la víctima sufrió una muerte violenta por asfixia mecánica. Ante esta prueba contundente, el Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
Durante la audiencia respectiva, el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez formalizaron la nueva acusación. Los cuatro detenidos —identificados como Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera— quedaron imputados como coautores del delito de robo seguido de muerte (artículo 165 del Código Penal), una figura que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión. La medida fue presidida por el juez de Garantías Pablo León, con la asistencia del defensor oficial Hugo Trigo.
Una mecánica escalofriante y rastros de ADN
Los informes periciales arrojaron datos estremecedores sobre el tiempo transcurrido. Se estima que Álvarez llevaba aproximadamente 12 días fallecida cuando hallaron su cuerpo. La hipótesis central de los investigadores indica que, durante todo ese lapso, los delincuentes habrían ingresado reiteradas veces a saquear la vivienda mientras el cadáver yacía en una habitación cercana a la cama.
Asimismo, los peritos forenses hallaron dos perfiles genéticos diferentes en una de las manos de la víctima —al menos uno de ellos de origen masculino—. Estas muestras serán sometidas a cotejos directos de ADN con los perfiles de los cuatro imputados para individualizar al autor material del asesinato.
Las defensas y la resolución judicial
Durante la audiencia, algunos de los acusados intentaron desligarse del homicidio. Gabriel Pozo declaró: “Que me perdone Dios por haberle entrado a robar a una mujer muerta”, mientras que otro coimputado aseguró haber encontrado el cuerpo sin vida al ingresar a robar por primera vez.
Pese a los argumentos defensivos, el juez Pablo León resolvió dictaminar un año de prisión preventiva para los cuatro implicados y fijó idéntico plazo para concluir la recolección de pruebas de la IPP, mientras la Fiscalía profundiza las medidas para esclarecer el grado de responsabilidad penal de cada uno en el crimen.
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