Alquileres en crisis en San Juan: denuncian subas de hasta 550% y piden regulación urgente

El mercado de alquileres en el Gran San Juan atraviesa una situación crítica que impacta de lleno en los inquilinos. Según denunció la Asociación de Inquilinos de San Juan, en el último año los precios registraron aumentos que, en términos reales, podrían alcanzar hasta un 550%, al contemplar no solo el valor del alquiler sino también expensas, servicios, impuestos y actualizaciones por fuera de los índices oficiales.

Si bien las subas formales se ubican entre el 220% y el 300%, el titular de la entidad, Víctor Bazán, advirtió que el impacto total sobre el bolsillo es mucho mayor. “Hoy no aumentan los ingresos, pero sí los valores del alquiler, y los ajustes son cada vez más frecuentes”, señaló.

Uno de los principales cambios detectados en el sector es la modalidad de actualización. Actualmente, los incrementos ya no se calculan sobre el monto inicial del contrato, sino sobre el último valor abonado, lo que genera un efecto acumulativo que dispara los precios por encima de la inflación.

A esto se suma una creciente desconfianza en los índices oficiales, lo que —según denuncian— lleva a propietarios e inmobiliarias a aplicar aumentos discrecionales. “El que termina pagando es el inquilino, que es la parte más débil”, sostuvo Bazán.

En paralelo, desde la asociación remarcan la falta de un marco normativo que regule la actividad y establezca condiciones claras. “Hoy lo que hay son imposiciones: si no te gusta, te tenés que ir”, resumió el dirigente.

Entre las principales irregularidades detectadas, señalan la existencia de contratos con criterios dispares de actualización, la falta de entrega de documentación y la exigencia de garantías abusivas, como la firma de pagarés en blanco.

“El inquilino no sabe cuánto va a pagar el mes siguiente ni qué establece su contrato. Esa incertidumbre genera un fuerte impacto psicológico”, explicó Bazán, quien también alertó sobre el aumento de consultas para rescindir contratos y el crecimiento de situaciones de hacinamiento.

La asociación también cuestionó la falta de diálogo con el Gobierno provincial y denunció el recorte en la asistencia a familias vulnerables, que incluía la entrega de módulos alimentarios.

En este contexto, impulsan encuestas para relevar datos concretos que respalden sus reclamos ante las autoridades. “La vivienda es un derecho básico. No puede ser que en 2026 haya familias viviendo sin certezas o en condiciones precarias”, concluyó Bazán.

De acuerdo a estimaciones del sector, entre el 55% y el 60% de los ingresos se destinan al alquiler, porcentaje que supera el 65% al sumar servicios e impuestos, dejando a numerosas familias en una situación económica límite.

Op: Juan Llarena