Acueducto Gran Tulum: una decisión judicial clave podría destrabar la causa contra Uñac y Andino

La audiencia de formalización se retomará este martes en Tribunales, luego de quedar suspendida por un planteo de nulidad presentado por las defensas. La jueza Mónica Lucero deberá resolver el pedido antes de que avance el proceso contra los 11 investigados por presuntas irregularidades en la obra.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum tendrá este martes una instancia decisiva. A partir de las 14:30, en la Sala 9 de Tribunales, se reanudará la audiencia de formalización que involucra al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros nueve investigados.

El encuentro había quedado en suspenso la semana pasada, cuando los abogados defensores solicitaron la nulidad absoluta de una actuación judicial. Frente a ese planteo, la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio para analizar los argumentos antes de continuar con el procedimiento.

El pedido fue impulsado inicialmente por las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, y posteriormente recibió la adhesión de los representantes legales de Uñac y Andino. Los abogados sostienen que durante el trámite de una recusación anterior contra la magistrada se habrían vulnerado garantías constitucionales de sus representados.

La Fiscalía rechazó esa interpretación y pidió que el planteo sea desestimado. Según la postura del Ministerio Público, las defensas no demostraron la existencia de un perjuicio concreto y el cuestionamiento podría convertirse en un obstáculo para el avance de la investigación.

La resolución de Lucero marcará el rumbo inmediato del expediente. Si rechaza la nulidad, la audiencia podrá continuar y los defensores tendrán oportunidad de responder a las acusaciones expuestas por los fiscales. Si acepta el planteo, deberá establecer qué actuaciones quedan comprometidas y cuáles serán las consecuencias para el desarrollo de la causa.

Una investigación que alcanza a exfuncionarios y empresarios

El expediente se inició en diciembre de 2025, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien tomó como referencia información periodística sobre posibles irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum.

La hipótesis fiscal sostiene que durante el desarrollo del proyecto se habría desplegado un esquema de decisiones administrativas y técnicas que favoreció a Krah América Latina S.A., firma encargada de suministrar las cañerías para la obra.

Entre los puntos que se encuentran bajo análisis aparecen presuntos cambios en las condiciones de contratación, flexibilización de exigencias técnicas, controles de calidad deficientes y posibles sobreprecios. A esto se suma que el emprendimiento hídrico quedó inconcluso y nunca llegó a funcionar.

Antes de que se dispusiera el último cuarto intermedio, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro presentaron la teoría del caso y detallaron las conductas que atribuyen a cada uno de los involucrados.

Los delitos que busca investigar el Ministerio Público incluyen defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los 11 investigados

Además de Sergio Uñac y Cristian Andino, la causa comprende a exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), responsables técnicos, funcionarios y representantes del sector empresarial.

Entre los nombres que aparecen en el expediente están los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol; Juan Carlos Caparrós; Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina S.A.; Francisco Correa; Humberto Caballero, exjefe del Departamento Jurídico del organismo y actual juez laboral; Rolando Caruso y el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino.

Este último tendrá un tratamiento separado debido a que no estuvo presente en la audiencia anterior por un viaje que tenía programado.

Por el momento, ninguno de los investigados quedó formalmente imputado en esta instancia. La audiencia continúa abierta y la decisión de la jueza Lucero sobre el planteo de nulidad será el primer paso para determinar cómo seguirá uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión política en San Juan.

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