A su vez, pese a que oficialmente se indique lo contrario, los usuarios de altos ingresos -N1- o aquellos que no se inscribieron al RASE, mantienen el 38,33%�del precio mayorista de la electricidad -$44,401 MWh- subsidiado.

Lo mismo sucede con el gas: los usuarios de ingresos medios mantienen subsidiado el 80% del precio del PIST, ubicado en u$s1,14 por MMBTU en Buenos Aires. En tanto, residenciales de ingresos bajos tienen el 86% del precio en la misma zona -u$s 0,77- cubierto por el Estado.

Mientras tanto, se registraron en los últimos días facturas por el servicio de gas con subas de hasta el 400%, producto del último cuadro tarifario publicado en abril, que resalta una actualización en el servicio del transporte -hacia los centros de consumo- y distribución a comercios, industrias y hogares. A su vez, el consumo por período estacional suele multiplicarse hasta cuatro veces más que en marzo, según el especialista Julián Rojo.

Así, transportistas, como TGN y TGS, y distribuidoras, como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, GasNor y Litoral Gas, tuvieron actualizaciones de alrededor del 500%.

Ahora, la segunda ronda de incrementos vendrá del lado de las generadoras, así el Estado podrá seguir recortando recursos fiscales. “Se hicieron subas con las que la gente piensa que al menos soluciona el déficit fiscal, y no. Es un sacrificio mentiroso”, explica una fuente del sector.

En ese sentido, entiende que la consecuencia de haber postergado los incrementos sobre este sector es “un déficit impagable” que se resolvió reestructurando la deuda con el bono ofrecido y “toda la contingencia legal alrededor” que la medida implica. Además, se les autorizó a las transportistas y distribuidoras una actualización mensual, que se encuentra suspendida, generando riesgo por otro conflicto por incumplimiento de contratos.

Entrado el mes de julio, el objetivo del Gobierno será la focalización de subsidios para garantizar al sector más vulnerable el consumo mínimo de luz y gas a través de la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), que podría llegar en noviembre.

Bajo esta lógica, si bien el período de transición contempla descuentos para los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3), son los mismos sectores los que se verán inicialmente afectados porque el Decreto elimina el tope que impide aplicar incrementos que superen el 40% y el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), respectivamente.

También se pondrá a revisión los criterios de inclusión en cada uno de los niveles de segmentación dispuestos durante la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Asimismo, la Secretaría de Energía podrá establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo “indispensable” de energía.

Al mes de abril, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gastó $118.825 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, según el instituto IIEP UBA-CONICET.

La cifra denota una suba de 295% respecto a diciembre pasado, actualización de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua, cuyo servicio aumentó 209% en AMBA y es el único que hasta el momento mantendrá actualizaciones mensuales.

Según el organismo, el desglose muestra un gasto promedio de $27.924 en electricidad de $40.906 en boletas de gas, $20.631 de agua y $29.364 de transporte, como el boleto de colectivo.