Cientos de manifestantes marcharon este martes por Puno, la región aymara al sureste de Perú, para exigir justicia a las autoridades al cumplirse un año de la muerte de 18 lugareños víctimas de la represión policial en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

Convocados por organizaciones civiles, los pobladores vestidos de negro y con trajes típicos se movilizaron por las calles de la ciudad de Juliaca, epicentro de las violentas protestas del 9 de enero de 2023, cargando ataúdes de cartón y carteles con el lema «Exigimos justicia, Dina asesina», reportó la agencia AFP.

Los familiares de las víctimas llevaban en sus manos ramos de flores y fotografías de los fallecidos. Una misa en la calle precedió la marcha pacífica.

«Estamos como hermanas pidiendo justicia. Que el Estado se haga responsable de todos los asesinatos», dijo a la agencia de noticias AFP Milagros Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, quien murió por disparos de la policía cuando auxiliaba a civiles heridos.

Pese a que la fiscalía abrió una investigación hace 12 meses, ningún miembro de las fuerzas policiales y del ejército que reprimieron las protestas fue detenido.

«Necesitamos encontrar justicia para saciar así nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos», declaró a la AFP Demetrio Aroquipa, padre de la universitaria Yamileth Aroquipa de 17 años, que falleció por impacto de bala.

En Lima, una movilización similar se realizó en la céntrica plaza San Martín.

Puno fue epicentro de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de este año, que dejaron en todo el país medio centenar de civiles muertos, una veintena de ellos presuntamente a manos de las fuerzas del Estado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En diciembre pasado, miles marcharon en Lima y en ciudades como Arequipa, Tacna, Juliaca, Cusco y Abancay, en el sur del Perú, en rechazo a Boluarte al cumplirse un año de su presidencia.

Boluarte era vicepresidenta hasta que asumió el poder el 7 de diciembre del 2022 luego que el Congreso destituyera al presidente Pedro Castillo por su intento de disolver el Parlamento, gobernar por decreto, intervenir el sistema judicial y convocar una Constituyente.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión a la espera de juicio.

Las últimas protestas contra Boluarte tuvieron menos convocatoria pese a que la desaprobación de la presidenta, cuyo mandato concluye en julio de 2026, supera el 80% según el más reciente sondeo de la encuestadora Ipsos.