En una decisión que promete generar una fuerte conmoción y críticas en la comunidad científica nacional e internacional, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) concretó la exoneración de la reconocida investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora del sitio argentino del proyecto internacional SPRINT. El sumario iniciado a la investigadora, que dedicó décadas a estudiar de qué manera el uso de agroquímicos y productos fitosanitarios afectan la flora, la fauna, la tierra y la vida humana, ya fue denunciado por amplios sectores académicos como una grave persecución institucional y un directo avance disciplinatorio contra la libertad de investigación en temáticas de alta sensibilidad social y ambiental.

La sanción extrema dispuesta por las autoridades del organismo fundamentó el despedido en supuestas irregularidades administrativas vinculadas al uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.

Sin embargo, la propia investigadora rechazó de plano la legitimidad de las imputaciones y advirtió sobre el verdadero trasfondo político de la medida: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, le dijo hace justo un mes atrás a Página 12. En esa entrevista, la científica había expresado que daría la pelea legal hasta las últimas consecuencias: “Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial”, remarcó para evitar que le quiten su “identidad científica”. La “vía administrativa” se agotó este lunes con la resolución de su despido.

Paradójicamente, el propio INTA que ahora determinó su desvinculación definitiva había celebrado con entusiasmo en el año 2020 el acuerdo contractual. En aquel momento, tras un período de severo desfinanciamiento presupuestario para la ciencia argentina, la incorporación al consorcio internacional SPRINT —financiado con catorce millones de euros por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea— representó un motivo de orgullo institucional.

La llegada de esa partida considerable de recursos internacionales permitió al equipo liderado por Aparicio adquirir insumos críticos para analizar la presencia de más de doscientos plaguicidas en los sistemas productivos locales, situando a la investigación pública nacional en la vanguardia de los estudios sobre salud ambiental y humana a nivel global.

Las tensiones internas y el malestar de las autoridades se profundizaron a medida que los avances del proyecto comenzaron a arrojar datos cuantitativos contundentes sobre la denominada “ruta del plaguicida”.

El equipo investigador logró documentar técnicamente la presencia de complejas mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre, confirmando además que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos.

A pesar de que los fondos de la subvención ingresaron formalmente a las cuentas del INTA, siguieron los cauces reglamentarios estipulados por la administración pública y contaron con auditorías favorables tanto en la Argentina como en Europa, la escalada de presiones derivó en la prohibición de realizar reuniones explicativas con productores en 2023, la posterior decisión de retirar al país del proyecto en 2024 y el armado de un sumario administrativo direccionado a la máxima sanción expulsiva.

Frente a lo que la comunidad científica califica como un grave atropello y un peligroso precedente, diversas organizaciones, académicos e instituciones de todo el país impulsaron una masiva carta de rechazo en “defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar”.

El texto respaldó la intachable trayectoria científica de la especialista, cuya rigurosidad académica se encuentra acreditada internacionalmente por la base bibliográfica Scopus con noventa y un artículos publicados, 270 coautorías y más de 3100 citas en la literatura especializada.

Quienes defienden a la investigadora remarcan que los cuestionamientos burocráticos sobre la gestión del proyecto SPRINT constituyen un mero pretexto formal para acallar evidencias incómodas sobre el impacto del modelo productivo en los ecosistemas y la población, ratificando el compromiso innegociable con el derecho del pueblo a contar con una ciencia transparente, soberana y libre de presiones corporativas.