Investigan una millonaria estafa en una agencia de autos de Rawson: el monto superaría los $150 millones

Una agencia de autos ubicada en el departamento de Rawson se encuentra en el foco de una exhaustiva investigación judicial tras acumular denuncias por presuntas estafas y defraudaciones que ascienden a más de 150 millones de pesos. La maniobra, investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Informáticos y Estafas, involucra la retención indebida del dinero de vehículos dejados en consignación y la entrega reiterada de cheques sin fondos.

Los imputados en la causa son el propietario de la firma, Diego Alejandro Martínez; su expareja y socia, Tania Tamara Luna; y un empleado del establecimiento, Javier Ezequiel Arroyo Cortez. En una audiencia presidida por la jueza de Garantías María Carolina Parra, el fiscal Guillermo Heredia les atribuyó formalmente los delitos de estafa, defraudación por abuso de confianza en calidad de mandatario y libramiento de cheques sin fondos, según el grado de participación de cada uno.

Modus operandi y casos denunciados

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la causa reúne los testimonios y pruebas de al menos seis damnificados. Entre los casos más destacados se encuentra el de un cliente de apellido Vetere, quien entregó tres vehículos para su comercialización; sin embargo, Martínez habría retenido dinero en efectivo y una camioneta Chevrolet S10 provenientes de una permuta, entregando solo una fracción de lo acordado y haciendo firmar documentación irregular al comprador.

En otro de los hechos, el denunciante Maximiliano Darío Ruiz entregó una camioneta de alta gama valuada en $51 millones a cambio de cheques que posteriormente fueron rechazados por un saldo impago de $29 millones, mientras que el vehículo fue revendido a un tercero a las pocas semanas. Asimismo, otros damnificados reportaron el incumplimiento en la venta de bicicletas de alta gama, la entrega no saldada de cuatro vehículos cero kilómetro y la recepción de decenas de cheques sin respaldo financiero —varios pertenecientes a las cuentas de Luna y Arroyo Cortez— para saldar deudas comerciales.

Medidas cautelares y plazo de investigación

Durante la audiencia formalizadora, la magistrada dispuso la apertura de la Investigación Penal Preparatoria por un plazo de 12 meses. A pesar de la gravedad y la cuantía de los montos investigados, se determinó que los tres imputados continúen el proceso en libertad, sujetándolos a una orden de restricción que les prohíbe acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con los denunciantes mientras se recolectan las pruebas definitivas.

Rivero. C