Avanza el proyecto para reformar el IPV: sorteos obligatorios y restricción absoluta para cargos políticos

El Gobierno de San Juan dejó listo el proyecto de ley para reestructurar de manera integral el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), reemplazando el esquema vigente desde 1978 con el fin de eliminar la discrecionalidad en las adjudicaciones. La reforma consagra al sorteo público como el mecanismo general y obligatorio para la entrega de casas, al tiempo que impone severas restricciones a la clase política y crea un sistema de puntuación para evaluar la necesidad real de los aspirantes.

El sorteo público como regla universal dejará de aplicarse únicamente en dos escenarios excepcionales: emprendimientos con financiamiento privado junto a entidades intermedias (que de todos modos deberán reservar un porcentaje para sorteo) y casos de extrema vulnerabilidad, emergencias o catástrofes, los cuales exigirán la firma del gobernador y dictámenes técnicos, sociales y jurídicos.

Los ejes del nuevo régimen de adjudicación

• Sistema de Scoring: Previo a cada sorteo, las familias registradas serán evaluadas mediante un esquema de puntaje que considerará ingresos, hacinamiento, antigüedad en el padrón, enfermedades y la ausencia de antecedentes penales o deudas alimentarias.

• Bloqueo a funcionarios: Se prohíbe el acceso a soluciones habitacionales sociales a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y municipios, extendiendo el veto a cónyuges, familiares hasta segundo grado y socios comerciales. La inhabilitación regirá durante el mandato y se mantendrá hasta dos años después de haber cesado en el cargo.

• Cupos del 20%: Se reservará hasta una quinta parte de los emprendimientos para personas con discapacidad, jefas de hogar solteras, personal policial, educadores y trabajadores de la salud.

• Fiscalización y recupero: La normativa contempla la creación de un Registro Público Digital de beneficiarios, un canal para denuncias anónimas sobre irregularidades y un procedimiento preferencial de urgencia para la restitución de inmuebles destinados a fines comerciales o especulativos.