El Tribunal de Impugnación definirá el futuro judicial del “falso profesor de la morgue”

El Tribunal de Impugnación de San Juan se encuentra analizando la situación judicial de Daniel Algarilla, extrabajador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga que en junio pasado fue condenado a un año y seis meses de prisión condicional por el delito de estafa. El juez Eduardo Raed tiene un plazo de diez días para definir el futuro procesal del acusado, luego de que tanto la Fiscalía como la defensa interpusieran recursos contra el fallo de primera instancia dictado por el magistrado Mariano Carrera.

Por un lado, la Fiscalía —representada por el fiscal Guillermo Heredia— exige que la pena se eleve a cuatro años de prisión efectiva, al considerar de extrema gravedad el perjuicio económico y emocional ocasionado a las víctimas, además de sostener que Algarilla no debe continuar en libertad. Por otro lado, la defensa, a cargo de la abogada María Noriega, reclama la absolución total del acusado bajo el argumento de que no existió delito en las capacitaciones brindadas y apuntando contra las directoras de los institutos involucrados.

El caso se originó en diciembre de 2024, cuando cuatro alumnas se presentaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas para denunciar que habían sido defraudadas mediante una supuesta carrera universitaria en “Eviscerador” que carecía de todo aval ministerial y de la certificación educativa correspondiente. Las damnificadas pagaban cuotas mensuales de hasta 30.000 pesos y cursaban bajo la falsa promesa de obtener una titulación oficial con respaldo de instituciones como la Universidad Católica de Cuyo o la Universidad Nacional de Cuyo.

La investigación reveló un insólito y precario modus operandi. Algarilla, aprovechando su rol como colaborador en la morgue del Hospital Marcial Quiroga, extraía conceptos de las clases de profesionales legítimos para estructurar su propio curso. Las clases teóricas pasaron de dictarse en un instituto a realizarse de manera improvisada en una lomoteca local y, posteriormente, en un local comercial alquilado.

La situación más delicada del caso radicó en las prácticas de campo. Las estudiantes ingresaban al nosocomio público haciéndose pasar por alumnas de la Universidad Católica para realizar prácticas irregulares en la morgue, manipulando instalaciones y utilizando cadáveres y restos sin ningún tipo de autorización ni aval oficial.

Tras el debate oral, el juez de primera instancia había impuesto una pena condicional de un año y seis meses, junto con reglas de conducta y la permanencia en libertad del imputado, denegando además la reparación económica solicitada por la querella. Ahora, la resolución del Tribunal de Impugnación determinará si el falso profesor continúa en libertad o si cumple una pena efectiva de prisión.