Tensión en la Justicia: quiénes son los cinco jueces señalados por “revictimizar” a las víctimas en San Juan
Tras el duro descargo de la ONG Confías, fuentes tribunalicias apuntaron a los magistrados que exigen la presencia de los damnificados para homologar acuerdos. Una jueza marca la diferencia con la virtualidad.
El debate institucional que sacude al fuero penal de San Juan tras el fuerte comunicado de la asociación civil Confías ya tiene nombres propios. Fuentes judiciales calificadas confirmaron que son cinco los magistrados señalados por exigir sistemáticamente la presencia física de las víctimas al momento de validar acuerdos o salidas alternativas al juicio, una práctica que la ONG califica abiertamente como una forma de revictimización.
Los jueces en la mira son:
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Pablo León
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Gabriel Meglioli
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Javier Figueroa
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Diego Sanz
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Celia Álvarez de Maldonado
La excepción tecnológica
Dentro del grupo de los señalados, las fuentes hicieron una distinción clave respecto a la jueza Celia Álvarez de Maldonado. Si bien comparte el criterio de escuchar a los damnificados antes de resolver soluciones alternativas o juicios abreviados, es la única que flexibiliza la medida permitiendo la intervención remota (vía videollamada), evitando que la persona tenga que padecer el desgaste de concurrir a los tribunales.
Las dos campanas de una polémica estructural
El cruce de posturas expone una de las tensiones más complejas del sistema acusatorio moderno: cómo garantizar el derecho a ser escuchado sin generar un nuevo daño emocional.
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La postura de los jueces: Quienes defienden esta práctica argumentan que escuchar directamente a la víctima en la audiencia es la única garantía real para verificar su posición, asegurar que comprenda el alcance del acuerdo entre Fiscalía y defensa, y respaldar sus derechos antes de firmar la resolución.
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El reclamo de Confías y especialistas: Desde los sectores de asistencia a la víctima sostienen que la opinión del damnificado ya queda plasmada previamente en el expediente mediante el trabajo de fiscales, querellantes y gabinetes interdisciplinarios. Obligarlos a comparecer otra vez y revivir el trauma frente a los imputados es considerado un retroceso.
El comunicado de la ONG no solo reactivó la inmediata defensa del Ministerio Público Fiscal sobre las herramientas del sistema actual, sino que encendió las alarmas en el palacio de Tribunales, poniendo bajo la lupa el criterio de estos cinco jueces a la hora de aplicar la ley.
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