Crimen de Emir Barboza: liberaciones y domiciliarias reavivan la polémica judicial

A casi seis meses del asesinato del niño en Valle Grande, solo tres imputados seguirán detenidos en sus casas. Fiscalía cuestionó la decisión y alertó por riesgos en la investigación.

A casi seis meses del crimen de Emir Barboza, el caso volvió a generar fuerte controversia tras la decisión judicial de dejar en libertad a la mayoría de los imputados. El hecho ocurrió en el barrio Valle Grande, donde el niño de 8 años fue baleado en medio de una gresca.

La resolución fue tomada por la jueza de Garantías Mabel Moya, quien dispuso que de los ocho acusados, solo tres continúen detenidos de manera preventiva, aunque bajo la modalidad de prisión domiciliaria por seis meses.

Se trata de Dante Carrizo, Hernán Carrizo y Gonzalo Santander, quienes —según la investigación— presentaban residuos de disparo en manos y vestimenta. En tanto, los otros imputados recuperaron la libertad bajo estrictas medidas: no podrán salir de la provincia, deberán presentarse periódicamente en comisarías, no acercarse a la familia de la víctima y comprometerse a someterse al proceso judicial.

Desde la UFI Delitos Especiales, el fiscal Francisco Nicolía cuestionó la decisión y había solicitado la extensión de la prisión preventiva. Argumentó que existen testimonios que ubican a los acusados efectuando disparos y que la calificación del hecho los posiciona como coautores.

“Entendemos que estaban de acuerdo en ir a disparar”, sostuvo Nicolía, quien también advirtió sobre la peligrosidad procesal de los imputados en libertad. Según indicó, su liberación podría interferir en la investigación y condicionar a testigos clave.

El fiscal también manifestó su desacuerdo con el otorgamiento de la prisión domiciliaria, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la participación conjunta en el hecho, bajo la figura de coautoría.

Por su parte, la magistrada fundamentó su decisión en la falta de precisión sobre el grado de participación individual de cada acusado.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, con peritajes en curso, entre ellos estudios de ADN sobre las armas de fuego secuestradas durante los allanamientos. Estos resultados serán clave para determinar responsabilidades en el caso que conmocionó a la provincia.

 

 

Op: Juan Llarena

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