Tras casi dos años de detención preventiva, el abogado penalista Gustavo De la Fuente será llevado a juicio oral en una causa por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Según confirmaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal trabaja para que el debate comience en mayo o, a más tardar, en los primeros días de junio.
En la actualidad, el tribunal avanza en la depuración y organización de las pruebas que serán utilizadas durante el proceso. La intención es llegar con el expediente listo antes de que se cumplan dos años de la detención del acusado, plazo que la legislación establece como límite para la prisión preventiva sin sentencia firme, salvo excepciones.
La causa fue elevada a juicio en febrero pasado, luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo diera por finalizada la etapa de instrucción. Con ese paso cumplido, el tribunal quedó en condiciones de fijar la fecha de inicio del debate, lo que se concretaría en los próximos días. El juicio será unipersonal y estará a cargo del juez federal Daniel Doffo.
De la Fuente está imputado por trata de personas agravada, delito que contempla penas severas cuando media una situación de vulnerabilidad de las víctimas. En el mismo expediente también está acusado el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, señalado como colaborador en las maniobras investigadas.
La investigación se originó a partir de un operativo realizado en 2024 por Gendarmería Nacional, que incluyó allanamientos, secuestro de material y detenciones. Según la acusación, al menos 21 mujeres habrían sido captadas para realizar transmisiones en vivo de contenido erótico destinadas a usuarios del exterior, a través de una supuesta agencia de modelaje.
Los investigadores sostienen que las víctimas podrían no haber tenido pleno conocimiento de las ganancias generadas, ya que la administración de los ingresos estaba en manos de los acusados. Además, consideran que existió un posible aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad económica.
En los procedimientos también se secuestraron contratos y equipamiento utilizado para las transmisiones, lo que forma parte de la prueba que será analizada durante el juicio. Por su parte, otro de los involucrados inicialmente en la causa fue finalmente desvinculado del proceso al no ser incluido en el requerimiento de elevación a juicio.
El caso se encuadra en el delito de trata de personas, que prevé penas de hasta 12 años de prisión en sus formas agravadas, especialmente cuando se comprueba la explotación y la participación de múltiples víctimas.
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