Impugnaciones y críticas
La audiencia arrancó con una fuerte controversia. Un grupo de diputados, encabezado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), impugnó la convocatoria ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La presentación cuestiona la validez del proceso por “graves irregularidades” en la metodología, al considerar que limita la participación ciudadana y vulnera el reglamento de Diputados, la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Ferraro denunció que el esquema restringe la intervención oral, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la mayoría de los inscriptos. También advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso.
La impugnación fue firmada, entre otros, por Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Selva afirmó que “se cercenó la participación de manera arbitraria” y que se obligó a miles de inscriptos a reformular sus intervenciones, limitando su derecho a expresarse oralmente.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Romina del Pla también cuestionaron el proceso y llamaron a movilizarse contra lo que consideran “un nuevo atropello contra los bienes comunes”.
La respuesta del oficialismo
Desde La Libertad Avanza defendieron el esquema de las audiencias y aseguraron que cuentan con “orden y modalidades” definidas por las comisiones organizadoras.
En ese sentido, indicaron que los inscriptos fueron notificados sobre las distintas formas de participación y remarcaron que todos los diputados pueden acceder a la sala. También justificaron la organización en la necesidad de garantizar la comodidad de expositores y legisladores.
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