La ex Legislatura de San Juan: del debate democrático al engranaje del terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia argentina, con la instauración de la última dictadura militar encabezada por la Junta de Comandantes integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Héctor Agosti. Bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, se desplegó un plan sistemático de represión que incluyó desapariciones forzadas, detenciones ilegales y apropiación de menores.

En ese contexto, la provincia de San Juan fue escenario de un hecho singular a nivel nacional: el uso de un recinto legislativo como centro clandestino de detención. El edificio de la ex Legislatura Provincial, símbolo de la vida democrática, fue transformado en un espacio de reclusión ilegal para presos políticos.

Inaugurado en 1928 y convertido en sede del Poder Legislativo tras el terremoto de 1944, el edificio representaba uno de los pilares institucionales de la provincia. Sin embargo, tras el golpe de Estado, su función fue abruptamente interrumpida. Allí comenzaron a alojarse personas detenidas sin orden judicial, sometidas a interrogatorios, torturas y condiciones inhumanas.

De acuerdo con los testimonios incorporados en los juicios de lesa humanidad en San Juan, la ex Legislatura funcionó como un centro de detención transitorio. Las víctimas eran trasladadas posteriormente a otros puntos clave del circuito represivo, como La Marquesita, el Penal de Chimbas y el RIM 22.

Lo que había sido concebido como un espacio de debate y construcción de leyes, eje central de la democracia, fue resignificado durante esos años como un símbolo del terrorismo de Estado. El caso sanjuanino se destaca como el único en el país en el que un edificio legislativo fue utilizado con estos fines.

Tras el retorno de la democracia en 1983, el inmueble no volvió a cumplir funciones institucionales debido a su deterioro estructural. Con el paso de los años, su valor histórico y simbólico cobró relevancia en el proceso de construcción de memoria colectiva.

En 2013, el edificio fue señalizado como Sitio de Memoria y, posteriormente, declarado Monumento Histórico Provincial mediante la Ley 411-F, consolidándose como un emblema del recuerdo, la reflexión y el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

A medio siglo del golpe, la ex Legislatura permanece como testimonio material de un período que dejó profundas huellas en la sociedad, y como recordatorio permanente de la importancia de sostener la memoria, la verdad y la justicia.