Viaje de Manuel Adorni a Punta del Este: revelan que los vuelos fueron pagados por una productora ligada a la TV Pública

por Lola Vargas en sábado 21 de marzo de 2026

Nuevos datos se desprenden del expediente de la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete a Uruguay. El tramo de ida lo habría abonado una productora vinculada a Marcelo Grandio. La empresa contratada entregó a la Justicia las facturas.

Avanza la causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.

Las facturas incorporadas al expediente revelaron que los vuelos privados que trasladaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este fueron pagados por una productora ligada a la TV Pública y al piloto Agustín Hansen. El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, avanzó con una serie de medidas de prueba.

Según surge del expediente, la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien también voló en el avión, figura como la encargada de abonar el tramo de ida del viaje. El viaje de vuelta forma parte de un paquete de 10 vuelos facturado a Hansen, según las facturas que fueron anexadas al expediente.

Las facturas fueron entregadas por la empresa contratada para el viaje, Alpha Centauri, al juez Lijo. Solo por el traslado de ida se pagaron casi $7 millones, o u$s4.830, que se transfirieron en pesos. Para el tramo de vuelta, la factura emitida por la misma empresa en favor de Hansen fue por u$s42.250, lo cual habría sido por la contratación de un paquete de 10 vuelos, según las fuentes consultadas.

Medidas de prueba

La Justicia avanzó en las últimas horas con una serie de medidas de prueba para reconstruir el circuito del dinero y determinar si existió algún tipo de beneficio indebido. La causa está en manos del juez Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y apunta a establecer quién en realidad financió los traslados del funcionario y su entorno durante el último fin de semana largo de carnaval.

En ese marco, la Justicia solicitó a la empresa aérea contratada que aporte toda la documentación vinculada al servicio: listado de pasajeros, modalidad de contratación, facturación y medios de pago. También se incorporaron comprobantes que detallan los montos involucrados en el traslado.

Además, se libraron pedidos de información a organismos que operan en el aeropuerto de San Fernando, entre ellos Migraciones y Aduana, con el objetivo de acceder a registros e imágenes que permitan reconstruir el movimiento de los pasajeros. Por caso, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que recabe material de todas las cámaras y la documentación vinculadas al hecho.

Otro de los focos de la investigación está puesto en las distintas explicaciones públicas sobre el viaje. En ese sentido, se ordenó relevar y desgrabar entrevistas en las que tanto Adorni como Grandio dieron versiones sobre cómo se financió el traslado, algunas de ellas contradictorias.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por dirigentes opositores, que advirtieron sobre el costo del vuelo en relación con los ingresos declarados por el funcionario, lo que motivó la apertura de la investigación.

El fiscal Pollicita pidió que Grandio sea citado a declarar como testigo. Grandio y Hansen serán convocados a declarar en calidad de testimonial, adelantaron las fuentes consultadas.

Levantamiento del secreto bancario y fiscal

A raíz de la información obtenida se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse y de Hansen, como también el levantamiento del secreto bancario de la empresa mencionada. Además, solicitaron información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a Aduanas vinculada a los vuelos.

También se realizó un pedido de información bancaria respecto de las cuentas y movimientos referidos al pago del primer vuelo. Y otro hacia ARCA sobre la facturación y situación fiscal de Alpha Centauri. Hansen deberá aportar información sobre el vuelo de vuelta.

En paralelo, solicitaron información sobre las normativas que regulan los viajes, viáticos, alojamientos, emisión de pasajes y eventuales viajes o estadías que hubieran sido financiadas por terceros, respecto de funcionarios del Ejecutivo.