El primer informe técnico oficial sobre el Acueducto Gran Tulum encendió las alarmas: las cañerías instaladas no serían aptas para transportar agua potable. La auditoría, encargada por OSSE a la consultora Interacción y certificada por Bureau Veritas, concluyó que los tubos corresponden a usos cloacales y pluviales, y que incluso podrían resultar potencialmente tóxicos para el consumo humano.
El documento será incorporado como prueba en la causa que investiga posibles irregularidades en la obra, una de las más importantes en la historia reciente de San Juan, diseñada para abastecer de agua potable a una población proyectada de un millón de habitantes.
Según el informe, las tuberías “aplican para desagües pluviales y cloacales” y no están preparadas para soportar presión, una condición esencial en sistemas de agua potable. Además, advierte que están fabricadas con insumos que pueden liberar partículas perjudiciales para la salud.
La obra fue financiada con un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, que la provincia ya comenzó a pagar. En ese contexto, el hallazgo abre un escenario crítico: si se confirma la inutilidad de los materiales, las cañerías deberían ser retiradas y el proyecto quedaría paralizado por falta de fondos para su reemplazo.
La investigación judicial se inició tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó indagar la licitación, la calidad de los insumos y un posible manejo irregular de fondos. En febrero, la Provincia se constituyó como querellante en la causa.
El expediente está en manos de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de 100 cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suma la inspección ocular realizada recientemente sobre distintos tramos del acueducto, donde se busca verificar tanto la calidad como la correcta colocación de las tuberías.
La obra fue adjudicada en dos etapas a la empresa alemana Krah, cuyo apoderado era Gustavo Monti. En total, se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías. Ya en el proceso licitatorio, una firma competidora había advertido sobre el carácter experimental de los materiales y cuestionado la propuesta económica.
Ante las dudas técnicas, OSSE conformó equipos internos para revisar documentación y evaluar la continuidad del proyecto. También avanzó con esta auditoría externa, cuyos resultados ahora comprometen seriamente la viabilidad de la obra tal como fue concebida.
Como próximo paso, el organismo decidió recurrir al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para realizar nuevos estudios. Si este segundo análisis confirma las conclusiones del informe inicial, el impacto sería doble: económico, por el costo ya asumido, y estructural, por la paralización de una obra clave para el abastecimiento de agua en la provincia.
Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando y no se descartan nuevas medidas, como pedidos de documentación a empresas privadas o incluso allanamientos. El llamado “acueducto gate” suma así un elemento central que podría redefinir el futuro de una obra estratégica hoy envuelta en dudas y cuestionamientos.
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