Conflicto en la UNSJ: reconocen el reclamo de padres y advierten por la crisis presupuestaria

Autoridades universitarias admiten la legitimidad del pedido de mayor presencialidad, pero señalan que el desfinanciamiento y los paros condicionan el normal dictado de clases.

Luego del reclamo formal impulsado por unas 600 familias de institutos preuniversitarios, que solicitan garantizar al menos un 75% de presencialidad en medio de un calendario atravesado por paros, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expusieron su postura y el complejo escenario que atraviesan.

La secretaria Académica, Rosa Ferrer, consideró válido el planteo de los padres, aunque advirtió que la situación responde a una “colisión de derechos”. “Es muy claro el reclamo y no desconocemos los derechos genuinos de los estudiantes, pero también hay que entender que docentes y nodocentes están reclamando por salarios justos”, expresó.

En ese sentido, describió un panorama crítico para la institución: “Estamos inmersos en una universidad devastada en su presupuesto, con un ahorcamiento en todos sus lineamientos”. Según indicó, la pérdida del poder adquisitivo docente ronda el 50%, lo que profundiza el conflicto y repercute directamente en la continuidad de las clases.

Pese a este contexto, Ferrer aseguró que la universidad trabaja en alternativas para sostener la trayectoria educativa de los alumnos. Entre ellas, mencionó la implementación de estrategias para garantizar contenidos mínimos, en línea con herramientas utilizadas durante la pandemia, con el objetivo de evitar la pérdida del año académico.

Por su parte, la vicerrectora Andrea Leceta subrayó la dificultad de equilibrar derechos: “Se trata de encontrar cómo garantizar que los alumnos tengan clases y que los docentes cuenten con condiciones adecuadas para darlas”.

Desde el sector de padres autoconvocados, representados por Adán Rodríguez, sostienen el pedido de mayor presencialidad y plantean que el inicio del ciclo lectivo 2026 resulta “nocivo” debido a la continuidad de las medidas de fuerza. Además, argumentan su postura en la reciente Ley de Reforma Laboral, exigiendo criterios más estrictos en la asistencia a clases.

Finalmente, la secretaria de Comunicación, Mariela Miranda, remarcó que la calidad educativa de los colegios preuniversitarios depende directamente de su personal: “Para que esa calidad se sostenga, es fundamental que existan garantías básicas, como el salario”.

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