La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) presentó una demanda colectiva contra el Banco San Juan por presuntos descuentos indebidos de seguros en cuentas de clientes, entre ellos jubilados.
La acción judicial fue impulsada por el apoderado de la entidad, el abogado Diego González Vila, quien solicitó el cese de los débitos, el reintegro del dinero descontado con intereses y la declaración de responsabilidad civil de la entidad financiera para que los damnificados puedan reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Además, el planteo incluye la aplicación de una multa por daño punitivo que, en caso de ser admitida por la Justicia, se repartiría entre los clientes afectados. El monto solicitado equivale a 2.100 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3, indicador que difunde el INDEC. Con los valores de febrero, la cifra superaría los 2.300 millones de pesos.
La demanda se originó tras una serie de reclamos recibidos por la asociación en los últimos años. Según explicó González Vila, los casos apuntan a una presunta práctica consistente en el débito automático de primas de seguros que los clientes aseguran no haber contratado.
De acuerdo con el planteo judicial, en muchos casos los usuarios tampoco habrían recibido la póliza ni el certificado de cobertura, documentación que detalla las condiciones del seguro. Sin esos elementos, sostuvo el abogado, los clientes desconocen aspectos fundamentales como la cobertura, las exclusiones o el plazo de vigencia.
En la presentación judicial se ofrecieron 14 casos testigos para sustentar la demanda colectiva. Sin embargo, según datos aportados por el propio banco en su contestación, la entidad cuenta con más de 86.000 clientes que poseen algún tipo de seguro vinculado a compañías como Sancor o Qualia. Dentro de ese universo habría tanto contrataciones voluntarias como situaciones que la asociación considera irregulares.
El abogado indicó que algunos clientes vienen sufriendo descuentos desde antes de 2020, aunque el reclamo judicial abarca los últimos cinco años y medio debido a los plazos de prescripción establecidos por la ley.
Los montos debitados, según la demanda, comenzaron en valores cercanos a los 500 pesos mensuales y actualmente oscilan entre los 3.500 y 4.000 pesos.
La causa judicial inicialmente había quedado radicada en el Juzgado Civil N°11, pero tras una recusación presentada por los abogados del banco fue sorteada nuevamente y pasó al fuero Contencioso Administrativo, donde deberá continuar su trámite. Mientras tanto, la resolución del caso dependerá de lo que determine la Justicia en las próximas etapas del proceso.
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