Médico sanjuanino irá a juicio acusado de cobrar por una cirugía que debía ser gratuita

La Justicia investiga al cirujano Leonardo Furlotti Barassi por presunta estafa tras recibir $250.000 de un paciente operado en un hospital público. La causa por mala praxis fue descartada.

Un médico sanjuanino quedó al borde de enfrentar un juicio oral luego de ser acusado de cobrarle dinero a un paciente por una cirugía que, al realizarse en un hospital público, debía ser gratuita. Se trata del cirujano Leonardo Santiago Furlotti Barassi, investigado por presunta estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició en agosto de 2025 tras la muerte de Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien había sido intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles.

Según la investigación judicial, el 30 de octubre Marinero sufrió un accidente que le provocó un corte en ese tendón y fue trasladado a la clínica Humana Salud, donde fue atendido por Furlotti Barassi. El profesional le indicó que debía someterse a una cirugía, que finalmente se realizó el 6 de noviembre.

Tras la intervención, el paciente recibió el alta al día siguiente con la indicación de tomar un medicamento anticoagulante. Sin embargo, cuatro días después falleció a causa de un ataque cardíaco.

El fallecimiento motivó una denuncia de la familia en la UFI de Delitos Especiales, lo que dio inicio a una investigación por presunta mala praxis encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

Con el avance de las pericias médicas, los especialistas concluyeron que el cirujano no tuvo responsabilidad en la muerte del paciente, ya que Marinero no habría cumplido con la indicación de tomar el anticoagulante prescripto. A partir de ese informe, la hipótesis de mala praxis fue descartada.

Sin embargo, durante las declaraciones de los familiares surgió otro elemento que cambió el rumbo del expediente. Según indicaron, el médico habría solicitado dinero al paciente para adquirir suturas y un implante necesarios para realizar la operación.

La familia aseguró que entregó el dinero debido a la urgencia del procedimiento y a la confianza depositada en el profesional.

De acuerdo con la investigación, la intervención debía realizarse en el Hospital César Aguilar, de Caucete, un establecimiento público donde tanto la cirugía como los insumos están cubiertos por el Estado y no deben ser abonados por los pacientes.

Durante la audiencia de formalización realizada en agosto de 2025, la Fiscalía presentó como evidencia conversaciones y un comprobante de transferencia que indicarían que Marinero envió $250.000 desde su cuenta de Naranja X a una cuenta de Mercado Pago perteneciente al médico.

La querella, representada por la abogada Josela Echegaray, sostiene que ese pedido de dinero constituye una maniobra fraudulenta, ya que se trataba de una intervención que debía realizarse sin costo.

Con la etapa investigativa finalizada, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio. Ahora será la Justicia la que determine si el caso avanza a un debate oral.

Según trascendió en el expediente, la Fiscalía pidió para el profesional una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso generó fuerte repercusión en la provincia, ya que pone bajo la lupa el manejo de los recursos y la relación entre profesionales de la salud y pacientes dentro del sistema sanitario público.

 

 

Op: Juan Llarena

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