Sin pruebas suficientes, dictan el sobreseimiento de Eduardo Bazán por amenazas de bomba

La Fiscalía de San Juan concluyó que no se pudo acreditar la autoría de las llamadas al 911 que paralizaron dependencias públicas en 2024.

Tras más de un año de investigación, la Justicia de San Juan resolvió el sobreseimiento definitivo de Eduardo Bazán, quien había sido imputado por una serie de amenazas de bomba que afectaron diversas dependencias del Gran San Juan en marzo de 2024. La medida, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, pone fin a un proceso que no logró reunir la evidencia necesaria para avanzar a un juicio oral.

La fiscal coordinadora, Daniela Pringles, confirmó que la decisión se fundamenta en la falta de “convicción necesaria” para sostener la acusación por los delitos de intimidación pública y coacción. Según explicó la funcionaria a medios locales, a pesar de la extensión de la pesquisa, los resultados técnicos no fueron concluyentes.

Los puntos ciegos de la investigación

El caso se centró en tres llamados de alerta realizados al 911. Aunque inicialmente se vinculó el número telefónico con el imputado, la Fiscalía admitió limitaciones críticas en la recolección de evidencia física:

  • Falta de material: Nunca se logró secuestrar el aparato telefónico ni el chip utilizado para las amenazas.

  • Contradicción geográfica: El análisis de geolocalización ubicó el origen de las llamadas en las inmediaciones de Tribunales. Sin embargo, se constató que en ese mismo horario, Bazán se encontraba cumpliendo tareas laborales en la zona de Concepción.

“El Código Procesal nos obliga a solicitar el sobreseimiento cuando no se cuenta con evidencia suficiente”, sentenció Pringles, subrayando que la ausencia de pericias directas sobre el hardware impidió confirmar la autoría de las comunicaciones.

Cierre de la causa

Con la presentación de esta resolución ante el juez interviniente, el expediente quedará oficialmente archivado. Eduardo Bazán, quien llegó a estar detenido durante el proceso, queda así libre de cargos. El fallo resalta la importancia de la precisión técnica en delitos de índole digital y telefónica, donde la ubicación de las celdas de red se convirtió, en este caso, en la principal prueba de descargo para el acusado.

POR LIC. EUGENIA VILA

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