Defensoría del Pueblo de San Juan exige respuestas por presuntos desvíos ilegales en el Río del Agua

El conflicto por el agua en el sur sanjuanino sumó un nuevo capítulo institucional. Tras la presentación formal de vecinos de Divisadero y Guanacache, la Defensoría del Pueblo inició actuaciones para determinar posibles responsabilidades en torno a desvíos ilegales en el Río del Agua, que —según denuncian— afectan el consumo humano, el riego de subsistencia y el equilibrio ambiental de la zona.

La intervención se formalizó a fines de noviembre, luego de que ambas comunidades sellaran un acuerdo privado homologado judicialmente bajo la figura de “Amigables Componedores”, que puso fin a años de disputas internas por el recurso. Con el frente común consolidado, el reclamo apuntó aguas arriba, donde aseguran que el río “desaparece” en manos privadas.

Oficios y falta de respuestas

La defensora Florencia Peñaloza confirmó que el expediente continúa en trámite y que se enviaron oficios a la Municipalidad de Sarmiento, Salud Pública, OSSE, Vialidad Provincial y la Dirección de Geodesia y Catastro.

Hasta el momento, solo Geodesia y Catastro respondió, adjuntando una sentencia judicial que la desvincula de responsabilidad y señala como autoridad competente al área de Hidráulica. Ante la falta de contestación del resto de los organismos, la Defensoría resolvió reiterar los pedidos con carácter urgente y ampliar el requerimiento de información a la Unión Vecinal de Divisadero y Guanacache para que detalle los problemas vinculados al suministro y calidad del agua.

“Entendemos que el acceso al agua segura y a servicios básicos es un derecho esencial”, señalaron desde el organismo, que busca evitar que el trámite quede atrapado en la burocracia administrativa.

Denuncia contra empresas y obras hidráulicas

El planteo original, patrocinado por los abogados Martín Alejandro Mut Paton y Jorge Luis González Narváez, describe la existencia de diques, tomas y represas de gran tamaño que captarían la totalidad del caudal del Río del Agua dentro de propiedades privadas.

Según la presentación, estas infraestructuras —algunas con más de dos décadas— habrían sido construidas con la aparente autorización del Departamento de Hidráulica y beneficiarían a firmas como Tambo S.A., Agrícola de los Andes S.A., Viña Santa Clara S.A. y Estancia El Durazno S.A..

Además, los vecinos denunciaron a Calera San Juan S.A. por la presunta apropiación de un pozo tradicional del pueblo de Divisadero para abastecer su planta potabilizadora, lo que habría agravado la crisis de agua potable.

Los habitantes contabilizan más de diez grandes represas en campos privados, mientras el cauce natural permanece seco. También advierten que la falta de celadores oficiales de riego facilitó el presunto descontrol en la distribución del recurso.

Impacto regional y alerta ambiental

El conflicto no solo afecta a Divisadero y Guanacache, sino también a Pedernal, Retamito, Cieneguita y Tres Esquinas. El impacto más sensible se registra en las Lagunas de Guanacache, humedal reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar, que atraviesa un proceso crítico de degradación hídrica por la retención del agua en emprendimientos agrícolas.

Por ello, los denunciantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Ambiente para evaluar la legalidad de las obras y el eventual daño ambiental en toda la cuenca.

“Las empresas están cortando el río como si fuera propio, pero el agua es de dominio público y pertenece a todos”, sostuvieron los vecinos al presentar imágenes que muestran el contraste entre los campos privados irrigados y el lecho seco del río.

Mientras se esperan respuestas oficiales, la Defensoría del Pueblo anticipó que continuará insistiendo ante los organismos competentes para garantizar el derecho al agua y esclarecer la situación en una de las zonas más vulnerables de la provincia.

Op: Juan Llarena