El sistema de transporte público quedará paralizado en todo el territorio nacional el mismo día en que la Cámara de Diputados discuta la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Tras la convocatoria a un paro general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), los principales gremios del sector confirmaron su adhesión, lo que anticipa una jornada sin colectivos, trenes, subtes ni taxis.
La decisión se consolidó luego de una serie de conversaciones entre la conducción cegetista y los sindicatos estratégicos del área. En ese marco, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió acompañar la medida. Desde el gremio señalaron que, en su carácter de organización confederada, acatarán la determinación de la central obrera. La definición despeja las dudas surgidas tras antecedentes recientes en los que el servicio se sostuvo por dictado de conciliaciones obligatorias.
El alcance de la protesta se amplía con la participación de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, lo que garantiza la interrupción total del servicio ferroviario. A ellos se suma la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a sindicatos del transporte automotor, aéreo, marítimo y fluvial.
También la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) ratificó su alineamiento con la huelga, incorporando a gremios ferroviarios, taxistas, remiseros y trabajadores de servicios vinculados. La señal sindical busca reforzar el impacto de la protesta en una fecha considerada clave para el oficialismo.
El malestar gremial se profundizó tras la aprobación en el Senado de uno de los artículos más cuestionados del proyecto. La disposición introduce cambios en el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral, lo que derivó en críticas por un eventual recorte en la percepción salarial durante esos períodos. Desde distintos sectores sindicales sostienen que la medida altera derechos adquiridos y advierten sobre posibles objeciones de constitucionalidad.
Desde el Gobierno defendieron el espíritu de la iniciativa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que la modificación apunta a corregir abusos detectados en el sistema de certificaciones médicas, aunque no descartó ajustes en la reglamentación. En la Casa Rosada reconocen que el punto genera controversia y evalúan revisiones técnicas para evitar conflictos en su aplicación.
En paralelo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue mencionada por dirigentes sindicales, quienes sostienen que una reforma de esta magnitud debería surgir de instancias de diálogo tripartito. Además, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si la norma avanza sin modificaciones sustanciales.
La medida de fuerza será la cuarta desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Con el transporte completamente adherido, el paro promete un fuerte impacto en la actividad económica, la movilidad urbana y la prestación de servicios en todo el país.
Rivero. C
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