El rol de San Juan gana peso en la reforma de la Ley de Glaciares

San Juan volvió a posicionarse como un actor clave en el debate nacional sobre la Ley de Glaciares. Con el ingreso a Buenos Aires de un proyecto para modificar la normativa vigente, autoridades provinciales y referentes del sector privado destacaron el peso de las gestiones realizadas por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, que habrían sido determinantes para definir parte de los cambios propuestos.

Uno de los aportes centrales de la provincia fue haber sentado un precedente técnico al analizar un glaciar de escombros y demostrar que no tenía relevancia como reserva hídrica. La metodología aplicada —prevista en la ley sancionada en 2010 pero nunca utilizada a gran escala— podría convertirse en un modelo replicable para otras jurisdicciones del país.

El lunes por la noche se conoció el proyecto de modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Desde el Gobierno nacional señalaron que la iniciativa busca ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer un esquema de federalismo ambiental.

Uno de los cambios centrales apunta al artículo primero de la norma. Si bien se mantiene el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, se incorpora que dicha protección debe ser compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Este punto refleja uno de los reclamos sostenidos por San Juan, que planteaba la necesidad de que las jurisdicciones provinciales tengan un rol activo en la toma de decisiones.

Con la nueva redacción, el IANIGLIA continuará a cargo del inventario nacional, pero las provincias pasarán a intervenir en la discusión sobre si determinadas geoformas tienen o no un aporte hídrico relevante. En caso de comprobarse que no cumplen esa función, podrían quedar excluidas del régimen de protección específico, aunque seguirán amparadas por la Ley General de Ambiente.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, celebró la iniciativa y destacó la clarificación normativa. “Es una novedad que recibimos con satisfacción. Reconocemos el trabajo que ha hecho la provincia y el diálogo que mantiene el gobierno local con Nación”, afirmó. Según explicó, estos cambios podrían reducir la incertidumbre y favorecer nuevas inversiones en exploración minera en los próximos años.

El proyecto también introduce precisiones en los artículos 3 y 3 bis, vinculados al Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción establece que deberán identificarse únicamente aquellas geoformas que cumplan funciones efectivas como reservas de agua o como proveedoras para la recarga de cuencas hidrográficas, un criterio que apunta a diferenciar entre cuerpos con impacto real y aquellos considerados irrelevantes desde el punto de vista hídrico.

En ese contexto, San Juan podría realizar un nuevo aporte técnico. La provincia llevó adelante estudios de segundo y tercer nivel sobre glaciares de escombros, algo que a nivel nacional aún no se ha aplicado de manera sistemática. Estos análisis requieren mediciones en terreno y evaluaciones específicas para determinar el verdadero rol de cada cuerpo en el ciclo del agua.

El caso testigo fue el del glaciar de escombros ubicado en el proyecto El Pachón. Técnicos del Ministerio de Minería, con participación de equipos de la Universidad Nacional de San Juan como veedores, concluyeron que la geoforma ya no aportaba a la cuenca hídrica y que el escaso contenido de agua interna no se había modificado en más de 3.500 años. Con esos resultados, se solicitó su exclusión del inventario nacional.

Para Grgic, este antecedente posiciona a San Juan como referencia. “La provincia muestra un liderazgo político, técnico y procedimental. Es un ejemplo que puede ser tomado o incluso perfeccionado por otras jurisdicciones”, sostuvo, al tiempo que aclaró que aún resta definir cómo se aplicarán estos criterios si la reforma de la ley avanza en el Congreso.

Op: Juan Llarena