A tan solo tres semanas del final de las sesiones ordinarias y tras varios días sin actividad oficial relacionada con el proyecto de Presupuesto 2025, las autoridades de la Cámara de Diputados anunciaron la suspensión de la reunión informativa de la comisión de Presupuesto en la que estaba previsto que expongan funcionarios del Ministerio de Salud.

Ante la consulta de Infobae, cerca del presidente de la comisión, José Luis Espert, explicaron que la reprogramación fue por “problemas de agenda”. A esto se suma que todavía hay varios diputados que no volvieron de Estados Unidos, a dónde viajaron como veedores de las elecciones en las que finalmente se impuso el candidato republicano Donald Trump.

Ya van dos semanas sin actividad en la comisión de Presupuesto, ya que el último encuentro fue el 24 de octubre cuando expuso el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

Si bien funcionarios del Gobierno recibieron ayer a gobernadores del radicalismo�y también hubo negociaciones informales con representantes de los bloque dialoguistas, las demoras refuerzan las dudas sobre la viabilidad de cumplir con el cronograma libertario. El oficialismo apuntaba a lograr la media sanción o al menos el dictamen de comisión durante la última semana del mes tras ocho reuniones informativas (dos fueron suspendidas).

Desde la oposición advertían que la reunión de comisión iba a transcurrir en un clima tenso ya que la viceministra Cecilia Loccisano iba a ser fuertemente cuestionada por los recortes proyectados.

El Presupuesto 2025 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso detalla una asignación de 5,2 billones de pesos para el Ministerio de Salud, lo que representa un incremento nominal en comparación con los 4,9 billones de pesos del presupuesto reconducido de 2023. A pesar de este aumento del 6,2 %, la cifra está lejos de cubrir la inflación acumulada y la proyectada para el próximo año, establecida en 18,3 % según el mismo documento. Esta diferencia genera preocupaciones en torno al verdadero alcance de los fondos en términos reales, ya que varios programas críticos podrían no recibir los recursos necesarios para sostener su funcionamiento en un contexto de inflación persistente.

Unión por la Patria ha manifestado su preocupación por lo que consideran un recorte en varios programas de salud pública, incluyendo la eliminación de medicamentos gratuitos para jubilados afiliados al PAMI. También se cuestiona la reducción del financiamiento a la salud mental y la posible disminución de lugares de atención, como el caso del Hospital Laura Bonaparte, donde se aclaró que los cambios se centrarán en la atención externa.

Otro tema en discusión es la decisión del ministro Lugones de despedir al consejo del Hospital Garrahan por otorgar un plus salarial a sus médicos, en medio de reclamos salariales de los trabajadores de la salud. Los legisladores argumentan que el hospital utilizó fondos propios y que no hubo un mal uso de fondos públicos.

Fuente: Infobae

Rivero. C