La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) se sumó al rechazo expresado por diversos organismos del Poder Judicial de San Juan frente a los recientes intentos de juicio político contra jueces de la Corte de Justicia provincial, impulsados por el ex precandidato a gobernador Sergio Vallejos. Estos pedidos, todos desestimados hasta el momento, han generado controversia sobre el uso de este mecanismo constitucional.
A través de un comunicado, JUFEJUS destacó que el rechazo unánime de los pedidos de juicio político reafirma el principio de independencia judicial, subrayando que “cualquier presión política es contraria al sistema democrático”. La Junta también destacó que la independencia del Poder Judicial se sustenta en el respeto a las reglas constitucionales y el rechazo a cualquier intento de desvirtuar el juicio político.
El ex precandidato Vallejos acusó a los jueces Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur por su actuación en la causa vinculada a la expropiación del predio de La Superiora, un proceso que fue rechazado por unanimidad por la Cámara de Diputados de San Juan el pasado 31 de octubre. Vallejos presentó una segunda denuncia contra Lima, por presunta retención de un registro notarial, pero esta también fue desestimada debido a cuestiones administrativas.
JUFEJUS advirtió que “la desnaturalización del juicio político” representa un “atentado contra los principios fundantes del sistema republicano”, haciendo hincapié en que el estado de derecho se basa en la división de poderes, la imparcialidad judicial y la estabilidad de los jueces. En este sentido, enfatizó la importancia de garantizar la autonomía del Poder Judicial para asegurar las garantías constitucionales de la ciudadanía.
Rechazo del sector judicial local
El comunicado de JUFEJUS se sumó a una serie de pronunciamientos del ámbito judicial sanjuanino. El Colegio de Magistrados de San Juan, en su comunicado, advirtió que los intentos de juicio político “exceden el marco constitucional” y subrayó que las decisiones judiciales deben estar sometidas a la crítica ciudadana, pero no ser utilizadas como pretexto para iniciar mecanismos constitucionales inapropiados.
Por su parte, el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS) fue aún más enfático, afirmando que el uso de denuncias penales y pedidos de juicio político con fines políticos es un desvirtuamiento del instituto, cuya finalidad debería ser otra. El organismo lamentó la utilización de estos recursos “como un juego de exposición mediática”, y señaló que esta práctica no contribuye a la justicia ni a la resolución de los conflictos.
La Unión Judicial de San Juan también expresó su repudio, instando a evitar que el juicio político se convierta en una herramienta de “conveniencia política”. Además, apeló a los legisladores para que rechacen aquellas denuncias que sean “manifiestamente improcedentes”, evitando así un “dispendio procesal innecesario”.
Conclusiones
El repudio generalizado del sector judicial, tanto a nivel local como federal, pone de manifiesto la preocupación por el uso indebido de los mecanismos constitucionales, especialmente el juicio político, en un contexto de tensiones políticas. En este sentido, se hace un llamado a la prudencia y al respeto por la independencia judicial, asegurando que el ejercicio de la política no debe influir en la imparcialidad del sistema judicial.
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