Javier Milei echó a Diana Mondino del Gobierno por votar a favor de Cuba en una Asamblea de la ONU

• La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución contra el embargo de EE.UU. a Cuba con el apoyo de 187 países.
• Argentina se sumó al respaldo global, votando a favor del fin de las sanciones económicas impuestas hace 62 años.
• La resolución no es vinculante, pero subraya el amplio rechazo internacional hacia la política de EE.UU.

Lo esencial: Argentina se unió a los 187 países que, en la Asamblea General de la ONU, votaron a favor de una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. La delegación argentina se sumó al apoyo casi unánime a la isla, en contraste con los votos en contra de EE.UU. e Israel y la abstención de Moldavia. La resolución, que no es de cumplimiento obligatorio, critica el impacto “inhumano” de las sanciones y apela al respeto por la soberanía y el derecho a un desarrollo económico independiente. El embargo fue denunciado por limitar seriamente el acceso de Cuba a alimentos, medicinas y energía.

El Presidente decidió echar a Mondino luego de que la Canciller votara en contra de Estados Unidos e Israel, los dos principales aliados internacionales del Gobierno, en la asamblea de la ONU en la que se debatió levantar el embargo de EEUU contra la dictadura de Cuba. Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, el reemplazante será Gerardo Werthein, quien ocupaba el cargo de embajador en EEUU.

En las últimas semanas Mondino tuvo dos bajas importantes: el vicecanciller Leopoldo Sahores, y el embajador en la ONU, Ricardo Lagorio, dos pesos pesados de la diplomacia, de extensas trayectorias, renunciaron. El primero venía resistiendo como secretario de Relaciones Exteriores a pesar de ser uno de los apuntados por la alta dirigencia libertaria, en su lucha por imprimirle un sello propio a la política internacional del Gobierno. Lo reemplazó Eduardo Bustamante, quien hasta ahora era cónsul en Montevideo. El segundo protagonizó un fuerte cortocircuito con la Casa Rosada en la última Asamblea General de Naciones Unidas. En su lugar asumió Francisco Tropepi, otro diplomático de prestigio, quien secundaba en Washington al embajador argentino Werthein.

Para sumar conflictividad, hace unos días Mondino volvió a estar en el foco de la tormenta cuando apareció en un comunicado oficial el nombre “Falklands” para referirse a las Malvinas. Mondino se había reunido con Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.

Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982″, se lee en el párrafo que generó la controversia.

La revelación sobre que el nombre “Falklands” había sido incluido en un comunicado del gobierno argentino generó un fuerte impacto político y también en las redes sociales, que señalaron la anomalía de que la denominación colonial impuesta por el Reino Unido fuera aceptada por la parte argentina. Cuando se informó sobre el acuerdo firmado por la ministra Mondino y su homólogo británico, David Lammy, la propia canciller destacó que los alcances de ese convenio no afectaban en nada los reclamos de soberanía que la Argentina mantiene en Naciones Unidas y que están incluidos en la propia Constitución Nacional.

Mondino también protagonizó una nueva confusión diplomática en Nueva Delhi, India: primero sostuvo que el gobierno libertario podría rever su postura y “estudiar” un posible ingreso a los BRICS, el foro político y económico de países, entre los que se encuentran Irán y Rusia, si el bloque logra un sistema financiero propio como alternativa a la plataforma internacional de pagos Swift. Sin embargo, luego debió realizar una rectificación a través de las redes sociales: “En el viaje por India, ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS. Dicho esto, nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual nunca ha sido mejor. La política exterior del gobierno ha sido y seguirá siendo sumamente clara”, planteó la funcionaria.

Con 187 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 1 abstención (Moldavia), la resolución reitera la “necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero” que EE.UU. mantiene sobre la isla por más de seis décadas. Aunque esta resolución no es vinculante, su objetivo es subrayar el impacto de estas sanciones sobre la economía cubana. Lo llamativo fue que los únicos dos que votaron en contra fueron los principales aliados de Argentina desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se dirigió a la Asamblea General antes de la votación, criticando duramente la postura de la administración de Joe Biden, quien, según él, “dejó intacto el régimen coercitivo de su predecesor”, Donald Trump, a pesar de las consecuencias humanitarias y económicas adversas para Cuba. Rodríguez Parrilla describió las sanciones como “medidas inhumanas” y “una guerra económica extrema”, y afirmó que buscan intimidar a otros países que defienden su soberanía.

Durante la sesión, el representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, manifestó su apoyo a Cuba, al calificar el embargo de “amenaza al multilateralismo” y acusó a EE.UU. de utilizar las sanciones como “un método para obtener objetivos nacionales mezquinos”.

El respaldo de la comunidad internacional a la causa cubana fue prácticamente el mismo que en la votación de 2023, aunque Ucrania, que se abstuvo entonces, optó por no participar esta vez. En respaldo de la resolución, la ONU presentó un informe exhaustivo que reúne objeciones al embargo de más de 180 países y 35 instituciones internacionales, entre ellas la OMS, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos.

Las primeras sanciones estadounidenses a Cuba datan de 1959, y el embargo fue formalizado en 1962 bajo el mandato de John F. Kennedy. Posteriormente, se reforzó con leyes como la Helms-Burton en 1996 y con las 240 medidas adicionales que implementó Trump entre 2017 y 2021, las cuales la administración Biden apenas modificó. Cuba sigue enfrentando una grave escasez de alimentos, medicinas y combustible, además de apagones diarios y un deterioro de sus servicios estatales.

Según un informe cubano, el impacto económico del embargo en el último año fue de aproximadamente 5,056 millones de dólares, aunque el gobierno de la isla no ha detallado cómo calcula estas cifras.