Empresarios sanjuaninos exigen al Gobierno garantizar la contratación local en el sector minero

Cámaras empresariales y de proveedores mineros de San Juan solicitaron al Gobierno provincial que intervenga para asegurar que las empresas mineras, como Barrick, cumplan con las normativas que obligan a priorizar la contratación local, según lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El reclamo cobró relevancia luego de que la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) denunciara a la minera Barrick por favorecer a empresas de otras provincias sobre las locales en la explotación del yacimiento Veladero, ubicado en Iglesia. Esta situación generó que otros actores empresariales sanjuaninos apoyaran la demanda, y pidieran la intervención del gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas.

La Unión Industrial de San Juan (UISJ), la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (Caemco), la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa) y la Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros (Carpem) se unieron en el pedido de regulación gubernamental para asegurar la cuota de contratación local en los proyectos mineros concesionados.

Ricardo Palacios, presidente de la UISJ, sostuvo que «el gobierno debe actuar como mediador entre los proveedores y las operadoras mineras», justificando la intervención por tratarse de recursos naturales concesionados. Por su parte, Miguel Gili, de Caemco, criticó a Barrick por eludir a empresas locales bajo el pretexto de mejores precios, mientras que Fernando Godoy, de Caprimsa, destacó que la falta de apoyo gubernamental permite que la minera actúe sin restricciones.

En contraste, Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, mostró sorpresa ante los reclamos, asegurando que las mineras, incluyendo a Barrick, siempre han priorizado la contratación de personal local, aunque recordó que deben cumplir con los estándares de calidad exigidos.

A pesar de las diferencias en las posturas, la demanda principal es clara: el Gobierno de San Juan debe intervenir para garantizar que las empresas mineras respeten las leyes y privilegien la contratación local, tal como lo establece la normativa vigente.

 

 

Op: Juan Llarena

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