Julián Gil, bajo la lupa: acusan al exintendente de Caucete de manipular testimonios en casos de abuso sexual

La detención fue solicitada por el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Francisco Nicolía, quienes sostienen que Gil habría sobornado a una víctima de abuso sexual para que modificara su testimonio y, de esa manera, conseguir el sobreseimiento de su defendido.

La investigación se centra en un caso reciente en el que Gil, según la Fiscalía, habría pagado $6,000 de su propio bolsillo y gestionado otros pagos mediante pagarés firmados por el acusado desde la cárcel de Chimbas. Con ese dinero, la víctima, en situación de vulnerabilidad económica, habría cambiado su versión inicial, alegando que había presentado la denuncia movida por «bronca» debido a una relación amorosa de su presunto agresor con otra mujer.

Una grabación realizada por una chica de 16 años, quien también habría sido contactada por Gil para desistir de una denuncia contra su cuñado, constituye una prueba clave en la acusación. En el audio, Gil menciona explícitamente un caso en el que logró un sobreseimiento a cambio de dinero, lo que levanta sospechas de que esta práctica no sería un hecho aislado.

Las sospechas sobre las prácticas de Gil no son nuevas. En al menos cinco causas anteriores en las que defendió a individuos acusados de abuso sexual, las denunciantes cambiaron significativamente sus versiones, lo que resultó en la desvinculación de los acusados. Este patrón de conducta ha generado dudas sobre la integridad de los procedimientos legales en los que ha estado involucrado.

Además, los investigadores podrían revisar un caso de octubre de 2019, en el que Gil fue acusado de haber tocado inapropiadamente a una adolescente de 16 años, hermana de una joven con la que se lo vinculaba sentimentalmente. En ese momento, la denuncia fue desestimada, pero luego un tribunal ordenó reabrir el caso, lo que finalmente llevó al sobreseimiento de Gil. La posibilidad de que este caso sea reexaminado depende de si aún no ha prescrito.

La situación actual de Gil, sumada a las nuevas investigaciones en curso, ha puesto en duda sus métodos como abogado penalista y el manejo de las denuncias de abuso sexual en las que ha tenido participación, lo que podría desencadenar una revisión más amplia de su historial profesional.

OP: Juan Llarena