Vicuña pone fechas a la megainversión y abre la pulseada por regalías y proveedores

La minera Vicuña Corp aceleró el cronograma de su proyecto cuprífero y confirmó, a través de su reporte integrado, que invertirá USD 18.000 millones para poner en marcha la mina. De ese total, USD 7.000 millones se ejecutarán entre 2027 y 2030, período en el que comenzará la producción.

El anuncio no solo fija fechas concretas para la construcción, sino que activa definiciones pendientes en la provincia. Entre ellas, la aprobación del RIGI y, especialmente, el esquema de regalías y aportes a fideicomisos que regirá para el proyecto.

La reunión clave en Canadá

En marzo está previsto un encuentro en Vancouver entre autoridades provinciales y directivos de Vicuña Corp —integrada en partes iguales por BHP y Lundin Mining— para discutir un acuerdo integral con San Juan.

El Gobierno buscará que la empresa adopte el mismo esquema que el resto de los proyectos metalíferos de la provincia. Si bien el Código de Minería de la Nación establece un 3% de regalías sobre el valor “boca de mina”, en San Juan desde 2011 se acordó calcular ese porcentaje sobre la facturación, lo que representa aproximadamente un 1,5% adicional para las arcas provinciales.

También se negociará la creación de un fideicomiso específico, similar al que ya aplican otros emprendimientos y que destina un 1,5% de la facturación a obras de infraestructura estratégica, administrado por un comité con participación estatal y empresarial.

Según fuentes oficiales, ya hubo una primera reunión en Buenos Aires con buena predisposición de los CEO, aunque resta la validación de los accionistas. Para la provincia, estos acuerdos son centrales tanto por el impacto fiscal como por la necesidad de mantener reglas equitativas entre proyectos.

Proveedores: entre la expectativa y la incertidumbre

Mientras la minera prevé invertir USD 960 millones en 2026 en obras iniciales —camino, ampliación de campamento y otras tareas—, las cámaras empresarias locales reclaman mayor claridad sobre el cronograma de licitaciones.

Desde la CASEMI celebraron que ahora existan fechas concretas, aunque insisten en conocer en detalle qué bienes y servicios demandará el proyecto y en qué plazos. Señalan que deberán competir con empresas chilenas, ya que la operación tendrá carácter binacional.

En CAPRIMSA, en tanto, remarcan la necesidad de que avance en la Legislatura la Ley de Desarrollo de Proveedores, para asegurar condiciones que potencien la participación local en lo que será la mayor inversión privada del país. También plantean mejorar los mecanismos de convocatoria a licitaciones y facilitar el acceso al crédito, en un contexto económico complejo para pymes y empresas medianas.

Desde la Unión Industrial de San Juan advierten que el desafío será prepararse para cumplir con grandes volúmenes de demanda en medio de una coyuntura recesiva, lo que exige planificación y previsibilidad.

Educación, energía y logística

El impacto del proyecto también alcanzará a la formación de recursos humanos y a la infraestructura energética y de transporte. El Estado provincial trabaja en ampliar la oferta de carreras vinculadas directa e indirectamente a la minería.

En paralelo, será necesario reforzar líneas eléctricas y estaciones transformadoras en el norte provincial antes de 2030, cuando inicie la producción. La experiencia previa indica que la actividad minera puede elevar la demanda energética muy por encima del promedio histórico.

Además, el sector analiza la necesidad de potenciar conexiones ferroviarias de carga para acompañar tanto la etapa de construcción como la futura exportación de mineral.

Con la inversión ya calendarizada, Vicuña acelera. Pero el verdadero alcance de su impacto en San Juan dependerá de lo que se defina en las próximas negociaciones sobre regalías, fideicomisos, infraestructura y participación de proveedores locales.