Venezuela activó un régimen de excepción y ordenó detenciones por respaldo a la ofensiva estadounidense
El decreto de estado de conmoción exterior, con vigencia inicial de 90 días, amplía de forma extraordinaria las atribuciones del régimen chavista, militariza sectores estratégicos y habilita la suspensión de derechos.
La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial abre una nueva fase en la crisis política e institucional venezolana, desencadenada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La norma establece un marco de excepción que concentra amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontación directa con Estados Unidos.
El texto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez. El decreto tiene rango de ley y fija una duración inicial de 90 días, con la posibilidad de una prórroga por un período idéntico, lo que extiende el horizonte del estado de excepción hasta medio año.
Uno de los ejes centrales de la medida es la instrucción directa a los cuerpos de seguridad para actuar contra quienes el régimen chavista considere partícipes del respaldo a la acción militar estadounidense. “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el decreto.
Aunque el anuncio de un eventual estado de conmoción había sido anticipado a finales de septiembre, semanas después del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el contenido específico del decreto se mantuvo bajo reserva. El documento ahora publicado señala que su redacción fue actualizada tras los acontecimientos del fin de semana, en alusión a la detención del dictador caribeño.
Entre las disposiciones más significativas, el decreto ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. El personal que opera en estos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, lo que amplía la presencia y el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas clave de la economía y de la vida cotidiana.
El texto también faculta al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. Además, habilita la adopción de “cualquier otra medida” que el régimen chavista considere necesaria para la protección de la población, una cláusula abierta que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.
Aunque el decreto afirma que se preservarán derechos como la vida y la libertad personal, reconoce de manera explícita la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La Constitución establece que incluso en estados de excepción deben mantenerse derechos considerados intangibles, como el debido proceso, la prohibición de la incomunicación y la tortura, y el acceso a la información.
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