UTA advierte por “aprietes” y amenaza con medidas si no hay acuerdo salarial

En un clima de creciente tensión, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan advirtió este lunes sobre posibles medidas de fuerza si no se resuelve el conflicto salarial con las empresas de transporte. Aunque el servicio de colectivos se mantiene activo con normalidad, el gremio dejó claro que no hay garantías de continuidad en los próximos días.

El conflicto estalló tras el incumplimiento del acta firmada el 29 de mayo, en la que se había acordado una nueva escala salarial y el compromiso de no descontar el día del paro nacional del 6 de ese mes. Desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) no sólo aplicaron descuentos por el presentismo, sino que no abonaron el incremento pactado el pasado 17 de junio, según denunció el gremio.

Marcelo Maldonado, secretario general de la UTA San Juan, cuestionó la legalidad de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo provincial. “Esta conciliación está muy lejos de ser legal. No se puede conciliar algo que ya fue acordado y firmado”, disparó al ingresar a la audiencia convocada para intentar desactivar el conflicto.

Además, el dirigente gremial sugirió que las empresas están utilizando el conflicto como una forma de presionar por una suba de tarifas o mejoras en los subsidios. “Somos rehenes de esta situación y el gobierno, a través de esta subsecretaría, termina avalando estas maniobras”, sentenció.

Desde UTA aseguran haber actuado con responsabilidad al suspender el paro previsto para este lunes, como gesto de buena voluntad hacia el diálogo. No obstante, advierten que, si no hay avances concretos, volverán a evaluar medidas de fuerza.

“No se está cumpliendo con lo pactado y no recibimos ningún tipo de explicación. Todo dependerá de lo que ocurra en las próximas horas”, expresó Maldonado.

Por ahora, el transporte público funciona con normalidad, pero la situación está lejos de resolverse. El gremio no descarta nuevas medidas, y el reclamo salarial sigue trabado entre las diferencias de interpretación del acta firmada y las dificultades financieras de las empresas, que alegan no poder cumplir hasta que se actualice la tarifa del boleto.

Op: Juan Llarena