UNSJ rechaza la presión oficial y pone el foco en la crisis de financiamiento universitario

La Universidad Nacional de San Juan volvió a manifestar su malestar frente a la intimación emitida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que exige garantizar la recuperación de contenidos en medio del paro docente. Desde la institución consideran que la medida no contribuye a resolver el conflicto y, por el contrario, profundiza la tensión existente.
El secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, sostuvo que el eje del reclamo no está puesto en la reorganización académica, sino en la situación estructural que atraviesa el sistema universitario. Según planteó, la falta de financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes son los factores centrales que afectan el normal desarrollo de las actividades.
En esa línea, advirtió que resulta difícil sostener estándares de calidad educativa cuando los trabajadores enfrentan serias dificultades económicas. Aun así, remarcó que la universidad cuenta con mecanismos para acompañar a los estudiantes y recuperar contenidos una vez superadas las medidas de fuerza, aunque reconoció que los paros generan impactos inevitables.
También explicó que el efecto del conflicto varía según el nivel educativo: mientras que en los institutos preuniversitarios la asistencia es más estricta, en las carreras de grado el esquema es más flexible.
En paralelo, esta semana comenzó una nueva medida de fuerza impulsada por los gremios docentes y no docentes de la UNSJ, en reclamo de mejoras salariales. La adhesión al paro presenta niveles dispares según el sector, con porcentajes que en algunos casos superan ampliamente la mitad del personal.
Como parte del plan de lucha, se prevé la realización de actividades de visibilización, entre ellas un abrazo simbólico a la Escuela Industrial, con participación de toda la comunidad educativa.
Desde los gremios señalaron que, si bien existen instancias de diálogo con el Gobierno nacional, todavía no se han alcanzado soluciones concretas. En ese contexto, insistieron en que la resolución del conflicto depende de decisiones vinculadas al financiamiento del sistema universitario.