Un padre pide la destitución de un juez por demorar su revinculación con su hija tras una falsa denuncia de abuso
Acusó al magistrado Jorge Toro de “morosidad manifiesta” y “mal desempeño” por no restablecer el vínculo, a pesar de que la causa penal fue desestimada y se acreditó que la acusación fue inventada.
Un abogado sanjuanino denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento al juez Jorge Toro, del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia, a quien responsabiliza de demorar injustificadamente su revinculación con su hija, luego de haber sido absuelto en una causa penal que se comprobó como falsa. El padre, que es exfuncionario judicial, pidió la destitución del magistrado por “mal desempeño de sus funciones” y “morosidad manifiesta”.
El caso se originó a partir de una grave denuncia de abuso sexual realizada por la expareja del denunciante en enero de 2021. La acusación fue luego desestimada por “inexistencia de delito” y quedó firme en octubre de 2023. Incluso, se determinó que la causa fue “armada” por Juan Pablo Ortega, exasesor del Poder Judicial, quien fue condenado a un año de prisión por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
A pesar de que los informes técnicos y psicológicos indicaron que la niña deseaba restablecer el vínculo con su padre y que no existían signos de abuso, el juez Toro no avanzó con la revinculación, según denunció el abogado. Sostuvo que durante más de tres años y medio se mantuvo una situación de desvinculación forzada, avalada por la inacción judicial.
El denunciante también indicó que el juez no sancionó a la madre por interrumpir terapias ni por obstaculizar el contacto con la familia paterna, pese a los informes que daban cuenta de una manipulación emocional de la menor. Además, cuestionó que Toro haya dispuesto reservar como “confidencial” los informes de los peritos desde junio de 2023, impidiendo el acceso de las partes, lo que calificó como una práctica “opaca” y contraria a la imparcialidad.
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento deberá definir si admite la denuncia y si suspende al magistrado mientras se analiza su conducta. El caso vuelve a instalar el debate sobre las falsas denuncias en conflictos familiares y la actuación del Poder Judicial ante casos sensibles que involucran derechos de niñas, niños y adolescentes.
Op: Juan Llarena
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