Un enfermero del Hospital Rawson es investigado por la muerte de una paciente: está imputado por homicidio culposo
Marcelo Acosta habría ignorado los pedidos de atención urgente de una mujer internada, quien falleció días después por una obstrucción respiratoria. La Justicia evalúa si hubo negligencia profesional.
Un grave caso de presunta negligencia médica sacude al Hospital Rawson y ya está en manos de la Justicia. Marcelo Gerardo Acosta, enfermero de la institución, enfrenta una imputación por homicidio culposo, acusado de no haber atendido a una paciente que requería asistencia urgente, lo que habría derivado en su muerte.
La víctima fue Susana Molina, una mujer de 57 años que se encontraba internada y bajo el cuidado del profesional. Según la investigación liderada por el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín, la paciente —que no podía hablar— escribió en un papel que necesitaba que le aspiraran las secreciones de la cánula traqueal con regularidad. Sin embargo, el enfermero habría ignorado los pedidos, incluso cuando fueron reiterados por sus familiares.
La omisión provocó una obstrucción respiratoria que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Molina fue trasladada a terapia intensiva, pero falleció a los pocos días. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro.
Los informes periciales y los testimonios presentados en la causa indican que, de haberse aplicado el protocolo de atención correspondiente, la paciente podría haber sobrevivido. Por esta razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de tres años de prisión para Acosta, además de una inhabilitación por ocho años para ejercer su profesión.
La causa se encuentra actualmente en fase de control de acusación. La primera audiencia se llevó a cabo el pasado jueves, pero no concluyó y continuará la próxima semana. Durante esa instancia, la defensa —encabezada por el abogado Hipólito Fernández— intentó frenar el avance del proceso con diversas objeciones, todas rechazadas por la jueza de Garantías, María Gema Guerrero.
El caso genera conmoción en el ámbito sanitario y judicial, ya que podría sentar un precedente en materia de responsabilidad profesional dentro del sistema público de salud.
Op: Juan Llarena
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