Un balance provisorio de 151 muertos y decenas de desaparecidos
Las autoridades de Wang Fuk Court, en Tai Po –uno de los barrios residenciales de Hong Kong– se encuentran bajo fuerte presión tras el incendio más mortal en la ciudad en 75 años. Hasta el momento, se informó del arresto de 13 personas bajo sospecha de homicidio involuntario, mientras residentes y familiares exigen responsables y denuncian graves falencias de seguridad.
El fuego destruyó siete torres del complejo, hogar de cerca de 5.000 habitantes. A pocos días del desastre, el recuento oficial señala al menos 151 muertos; además, unas 40 personas continúan desaparecidas, y se teme que la cifra de víctimas fatales siga en ascenso conforme avancen las tareas de rescate y recuperación.
Las denuncias no tardaron en proliferar: los vecinos sostienen que desde hace más de un año reclamaban sobre las reformas realizadas en el edificio –modificaciones estructurales y de mantenimiento– y advertían problemas vinculados a seguridad en la obra. Tras la tragedia, salieron a la luz denuncias de negligencia: apuntan contra la empresa constructora responsable de las refacciones y la aparente laxitud estatal en la supervisión de estándares de seguridad.
Según fuentes oficiales, los detenidos hasta ahora incluyen directores de la empresa constructora y un consultor de ingeniería, lo que sugiere que parte de la investigación apunta a falencias técnicas en la obra. Las autoridades anunciaron que se abrió una causa por homicidio involuntario, lo que implica que podrían sumarse más acusados a medida que se profundice la investigación.
En una conferencia de prensa, el secretario jefe (un alto cargo municipal) de Hong Kong, Eric Chan, admitió que 7 de las 20 muestras de la malla usada en los andamios no eran ignífugas. Pese a que en análisis preliminares esas muestras habían aprobado la normativa, el funcionario sostuvo que —para abaratar costos– se había colocado una red subestándar en zonas de difícil acceso, con la intención de que no fuera detectada durante inspecciones. Chan calificó la maniobra como un “acto vergonzoso”. “Solo querían ganar dinero a costa de la vida de la gente”, dijo.
La indignación social crece a la par del dolor. Muchos afectados se preguntan por qué la empresa o sus responsables no habían sido sancionados antes, dado que los reclamos de vecinos sobre irregularidades y riesgos habían sido formalizados en varias oportunidades. Exigen no sólo condenas penales, sino también respuestas sobre los controles estatales: cómo fue que obras críticas –en un edificio habitado por miles– se realizaron sin respetar normas elementales de seguridad.
Asimismo, la tragedia reavivó cuestionamientos sobre la política de mantenimiento de edificios residenciales antiguos en Hong Kong, la regulación de las empresas constructoras, la supervisión de reformas y la responsabilidad institucional en casos de riesgo estructural. Para muchos, este incendio supone un punto de inflexión: el costo de la negligencia quedó estampado en muertes, familias destruidas y una comunidad en shock.
Por ahora, el foco está en la investigación judicial y en la búsqueda de víctimas. Pero en paralelo comienza un reclamo colectivo más amplio: que este desastre no sea sólo un hecho aislado, sino una llamada de atención sobre la urgencia de garantizar –sin excepciones– el derecho a la vivienda segura y digna.
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