Tras el ajuste de shock, Caputo calibra los aumentos de tarifas del año electoral con la mira puesta en la inflación

El presidente Javier Milei suele reconocer que en su primer año de gestión se consiguió sostener la desaceleración de una inflación que venía desbocada y, en paralelo, una “corrección” de precios relativos, ya que algunos venían de ser pisados por el Gobierno anterior. Es el caso de las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas natural, los boletos del transporte de pasajeros o los combustibles.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de coordinar este ordenamiento, con el agregado de sostener el déficit fiscal en cero y no poner en peligro la continuidad de la desinflación. En los despachos del Palacio de Hacienda trabajan con la premisa de que aún queda ajuste por delante, pero que se hará sin poner en riesgo el principal activo político que mantiene el oficialismo de cara a un 2025 que tendrá elecciones de medio término.

Los últimos datos que arrojó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para noviembre muestran una foto de la dinámica de los incrementos que vieron los argentinos. El IPC general mostró una suba 112% acumulado en el año, mientras que el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles sumó 230,7% o la categoría “Transporte” 132,6% en el mismo período.

Otra forma de verlo puede ser que la variación del IPC desaceleró desde el 25% en diciembre de 2023 al 2,4% el mes pasado. Sin embargo, en noviembre los bienes subieron 1,6% y los servicios 4,4% mensual. Las subas en tarifas explican esta divergencia.

La desaceleración de la inflación coincidió con que los precios relativos con Milei se encuentran prácticamente en los niveles en los que los había dejado Mauricio Macri, en menos de un año de mandato. El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, destacó que el rubro regulados – tarifas de servicios públicos y combustibles sobre los que el Gobierno tiene incidencia – en diciembre de 2023 estaban en diciembre 37% “atrasados” respecto de los de diciembre de 2019 y en noviembre de 2024 finalizaron a 12% por debajo de ese umbral.

Es decir, se completaron dos tercios de ese trabajo y la “inflación reprimida” no representa un gran problema para la hoja de ruta oficial.

Hacia adelante el punto más sensible está en las tarifas de electricidad y de gas natural. Caputo tiene pendiente un nuevo recorte en subsidios además de una revisión tarifaria para las empresas transportistas y distribuidoras que garantice los ingresos necesarios para financiar las retrasadas inversiones en el sector.

La secretaría de Energía que conduce María Tettamanti trabaja en poner en marcha desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subsidios a hogares para terminar con la segmentación vigente en tres niveles: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). La premisa es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social: los que tienen y los que no reciben subvención. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios de más de USD 3.000 millones, similar al que se dio este año.

No es un desafío menor porque actualmente en electricidad – el servicio de gas no llega a todo el país – los N1 son unos 5 millones de usuarios, los N2 son 8 millones y los N3 son unos 3 millones. Hoy dos de cada tres familias reciben asistencia para afrontar las boletas.

La apuesta del Gobierno es que el incipiente crecimiento de la economía se fortalezca y permita que muchos de esos hogares tengan capacidad de pago, aunque en los despachos oficiales reconocen que eso llevará tiempo. Mientras tanto, destacan que los índices de pobreza mostrarán una sensible baja desde el 52,1% que marcó el primer semestre.

Tettamanti también tiene por delante una revisión de tarifas con transportistas y distribuidoras. Un proceso en el que ambas partes deberán ponerse de acuerdo en las tarifas que se van a cobrar y las inversiones en la red para los próximos cinco años. En las compañías reconocen que en 2024 pudieron sanear sus balances gracias a los incrementos que habilitó el Gobierno, que llegaron en algunos casos al 500 por ciento.

En ambos casos la velocidad dependerá de que se puedan combinar el sendero de ajuste fiscal, corrección de precios y la desaceleración de la inflación. Las encuestas le dan una aprobación mayor al 50% a Milei y en los despachos oficiales saben que la sensación de mejora en los bolsillos será clave para mantener ese activo de cara a las elecciones.

El ejemplo del transporte va en ese mismo sentido. Las tarifas de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) saltaron cerca del 600% desde diciembre pasado, una región donde todos los días ser realizan unos 9 millones de viajes. Sobre los colectivos, en el Ministerio de Economía mantienen resistencia a aplicar nuevas subas o otorgar más subvenciones a las empresas, que en las últimas semanas alertaron por problemas para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos.

De todos modos, avanzar en los incrementos pendientes en energía y transporte podrían no tener un gran impacto según los datos de la consultora Invecq: “Si se analiza solo Gran Buenos Aires (GBA), la región de mayor ponderación en el IPC Nacional y con tarifas más atrasadas, i) la implementación de un esquema de segmentación en energía eléctrica con solo dos categorías —ingresos altos y bajos, eliminando el nivel 3 y equiparando al 1— implicaría una suba de 0,4 p.p. en el IPC INDEC GBA; y ii) llevar el boleto mínimo de colectivo de AMBA a valores reales de 2019 se traduciría en 2,6 p.p. adicionales”.

“Dado el peso de GBA en el IPC Nacional, ambos ajustes implicarían 1,3 p.p. adicionales en el índice general; lo que evidencia que una mayor corrección tarifaria tendría un efecto limitado en la inflación, ya que gran parte del sinceramiento se llevó a cabo en la primera etapa del programa”, sintetizó Invecq.

En el caso de los combustibles se observó una recomposición sustancial. En la petrolera estatal YPF -líder absoluta del mercado local – señalan que sus precios ya están alineados con los niveles internacionales. En noviembre de 2023 la nafta de YPF en CABA se vendía a $311 y en diciembre de este año a $1.108 por litro, un salto del 256% en ese mismo período. En la empresa afirman que las nuevas subas seguirán en línea con el ritmo de devaluación del dólar oficial, el cual es del 2% mensual y que podría bajar desde febrero al 1 por ciento.

El Gobierno tiene previsto para 2025 la suba escalonada en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que fue postergada este año para evitar un salto mayor en la nafta y el gasoil, que suele ser trasladada a los surtidores de manera directa. La consultora Economía y Energía calculó que hay pendiente un aumento de $200 en la nafta y de $110 en el gasoil. El Tesoro se pierde de recaudar el equivalente a aproximadamente USD 231 millones por mes por la no actualización del tributo.

En el mientras tanto, los futuros aumentos en tarifas de luz y de gas, transporte y combustibles estarán en línea con el sendero de inflación mensual del Gobierno. Se mantendrán en el orden del 2% mensual y podrían ser menores si el IPC acompaña. Milei pasó su primer año de terapia de shock y mantiene altos niveles de aprobación en su gestión, un activo que espera no poner en peligro durante 2025.

Fuente: Infobae

Rivero. C