Tras dos años preso siendo inocente, De la Fuente analiza una contradenuncia y critica el rol de la Fiscalía

La desvinculación definitiva de Gustavo de la Fuente de una causa por presunta trata de personas reabrió la polémica sobre las condiciones internas en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Tras pasar dos años privado de su libertad en la cárcel de Chimbas, el abogado penalista denunció penalmente a las máximas autoridades del establecimiento, al tiempo que evalúa iniciar acciones legales contra el Estado por su encarcelamiento.

La acusación formal fue radicada ante la Justicia Federal y alcanza al director del penal, Carlos Suárez, y al jefe de Requisa, Ariel Castro. De la Fuente denunció hechos de vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asegurando que dentro del penal “ocurren muchos delitos”.

Según expuso el profesional, los abusos no solo afectaron a la población carcelaria, sino también a los allegados durante los días de visita: “Los hechos ocurrieron principalmente contra las familias, que son personas completamente ajenas a cualquier delito”, sostuvo.

Críticas al accionar fiscal y balance personal

Al evaluar los dos años transcurridos en prisión preventiva, De la Fuente cuestionó el desempeño de los investigadores durante la instrucción de la causa que lo mantuvo detenido. A su criterio, la Fiscalía “actuó con falta de objetividad” y basó la privación de su libertad en “caprichos y supuestos” antes que en pruebas concretas.

Sobre la posibilidad de demandar al Poder Judicial, el abogado adelantó que analizará detenidamente los argumentos del fallo de sobreseimiento junto a su familia antes de definir una contraofensiva legal.

En el plano profesional, reconoció que el proceso le generó un daño directo: “Perdí clientes y mi herramienta de trabajo; debo volver a empezar de cero, pero frente a la sociedad me siento con la conciencia tranquila”, concluyó.

POR LIC. EUGENIA VILA