El anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros organismos como la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, encendió alarmas en todo el país. En San Juan, la preocupación tomó forma legal: el sindicato local presentó un recurso de amparo para frenar la medida.
El secretario adjunto del gremio en San Juan, Jorge Pérez, confirmó que este martes por la tarde ingresaron la presentación judicial, en la que solicitaron una medida cautelar para detener el cierre, argumentando su inconstitucionalidad. La acción apunta a proteger a los 210 trabajadores sanjuaninos que hoy se enfrentan a una profunda incertidumbre laboral.
Según la comunicación oficial del Gobierno nacional, el cierre implicará la concesión de 9.120 kilómetros de rutas a empresas privadas, lo que generaría nuevas estaciones de peaje y la eventual pérdida de entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo en todo el país.
A nivel provincial, los empleados mantienen un estado de alerta y movilización. Además, el sindicato entregó un petitorio al gobernador Marcelo Orrego, solicitando que interceda ante Nación para asegurar los fondos necesarios que garanticen la continuidad operativa de la repartición.
Pérez remarcó que la Dirección Nacional de Vialidad tiene más de 93 años de experiencia en el mantenimiento y control de las rutas nacionales, una tarea que —según afirmó— no puede ser reemplazada por el sector privado con el mismo compromiso y eficacia.
Hasta el momento, no se ha emitido ninguna notificación oficial de despidos, y los trabajadores continúan con sus funciones habituales, a la espera de una resolución judicial que defina el futuro de la dependencia.
Op: Juan Llarena
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