La situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, sumó un nuevo capítulo este miércoles durante una audiencia en Tribunales, en la que la Fiscalía solicitó imputar al jefe comunal y a tres concejales por la polémica ordenanza que buscaba frenar el juicio por presunta malversación de fondos públicos. El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, pidió abrir una investigación penal preparatoria por seis meses y aplicar medidas coercitivas contra los acusados. Sin embargo, tras los fuertes cruces con la defensa, el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso un cuarto intermedio de tres días hábiles, dejando en suspenso la posible imputación contra Castro por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, y contra los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por abuso de autoridad y encubrimiento.
Durante la audiencia se registraron intensos enfrentamientos entre las partes. El fiscal Nicolía sostuvo que se trata de un hecho de “gravedad institucional” y destacó que, aunque gran parte de la prueba es documental, se buscará incorporar testimonios clave para la investigación. Por su parte, el abogado defensor de Castro, Marcelo Fernández, cuestionó la actuación de la Fiscalía, argumentando que la ordenanza surgió por su asesoría y que la denuncia penal no correspondía, sino que la fiscal de Cámara Silvana Gerarduzzi debería haber expresado su postura ante el tribunal. Fernández sostuvo además que el conflicto debería resolverse en el ámbito contencioso administrativo y solicitó la prejudicialidad del caso, es decir, que se espere la decisión del tribunal que debe definir la validez del acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante. El abogado de los concejales, Lionel García, se adhirió al pedido. La Fiscalía rechazó estos planteos, defendiendo la competencia penal y señalando que los procesos pueden avanzar de manera independiente.
El conflicto se originó cuando Castro envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación antes de iniciar el juicio por presunta malversación, comprometiéndose a donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño y buscando suspender el proceso penal. La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria con los votos de los concejales oficialistas De los Ríos, Paredes y López, mientras que Andrés Olivera votó en contra y Gloria Herrera se abstuvo. La norma quedó plasmada en una ordenanza presentada ante la Justicia por la defensa de Castro para intentar extinguir la acción penal. Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la ordenanza podría constituir una maniobra institucional irregular, ya que los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, y cuestionan la legalidad de la sesión extraordinaria, que según la fiscalía debería convocarse solo por motivos urgentes o relacionados con obras públicas, lo que podría hacer que la norma sea inconstitucional.
El expediente principal contra Castro se remonta a 2019, cuando un exconcejal denunció el presunto uso indebido de maquinaria y personal municipal en un predio privado en Chimbas, derivando en una imputación por malversación de fondos públicos. El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026, pero fue suspendido hasta que se resuelva la validez del acuerdo aprobado por el Concejo. El pasado 6 de marzo, tras escuchar a las partes, el tribunal decidió postergar la definición y fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo. Mientras tanto, la nueva denuncia abre otro frente judicial para el intendente y los concejales que respaldaron la ordenanza, dejando la resolución final en suspenso y manteniendo la tensión en Tribunales.
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